España impulsa reparaciones a víctimas de abusos de la Iglesia antes de visita papal

MADRID — En la década de 1970, en una España aún bajo el régimen del dictador Francisco Franco y con una fuerte influencia católica, Paula Alonso-Pimentel fue enviada a catequesis a los 8 años a una escuela religiosa en Valladolid. Allí, según su relato, un sacerdote marista abusó de ella durante un año, un episodio que marcó su vida y que busca reparar más de 50 años después.

El proceso de reconciliación con las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica avanza en España con la implementación de un programa de reparaciones que busca atender casos como el de Alonso-Pimentel. Este programa es especialmente relevante para aquellos abusos cometidos por miembros del clero que han fallecido o cuyos delitos son demasiado antiguos para ser judicialmente perseguidos.

La Conferencia Episcopal Española y el gobierno español han aprobado este programa justo antes de la visita del papa León XIV, que inicia el sábado. Una característica importante del plan es que otorga al gobierno la autoridad final sobre los pagos a las víctimas. A nivel mundial, los escándalos de abusos sexuales dentro de la Iglesia han afectado gravemente su reputación y han puesto a prueba la popularidad de los papas, especialmente tras el estallido de la crisis en Occidente hace más de tres décadas.

Las reacciones entre las víctimas han sido mixtas. Mientras algunos se sienten aliviados por el avance, otros son escépticos respecto a la eficacia del programa. Señalan que el plazo para presentar reclamaciones es limitado y cuestionan la transparencia y la exigibilidad de los pagos propuestos.

El programa establece un plazo de un año para que las víctimas presenten sus solicitudes. Hasta la fecha, 420 personas han solicitado reparaciones. Este desarrollo llega tras años de controversia, especialmente después de que el diario El País revelara el alcance de los abusos en el contexto del silencio de la Iglesia y las críticas a su intento de compensar a las víctimas.

Alonso-Pimentel, que representa a muchos en su desconfianza, enfatiza que la reparación debe tener un costo para la Iglesia. "A ellos, a la Iglesia, les tiene que costar la reparación. Esto no puede salir gratis", afirmó. Ella ha compartido su historia de abuso con amigos, parejas y psicólogos, y tras la cumbre mundial sobre abusos clericales convocada por el papa Francisco en 2019, se comunicó con la orden marista para obtener información sobre el sacerdote que la agredió, aunque la respuesta fue mínima.

En el nuevo sistema, el Defensor del Pueblo revisará cada caso con un equipo independiente de expertos, sugiriendo compensaciones que serán evaluadas por la Iglesia. Si no hay acuerdo, se formará un comité conjunto que incluirá a representantes de la Iglesia, el Defensor del Pueblo y grupos de víctimas, con la última palabra en manos del Defensor del Pueblo.

Un largo camino hacia la justicia

La creación en 2018 de una base de datos por parte de El País sobre abusos sexuales del clero marcó un punto de inflexión en la forma en que España ha comenzado a abordar este legado. A medida que la base de datos creció, también lo hizo la indignación pública, lo que llevó al Defensor del Pueblo a investigar la magnitud del problema. En 2023, se presentó un informe de 800 páginas que estimaba cientos de miles de víctimas de abusos en la Iglesia a lo largo de las décadas, aunque los obispos rechazaron estas cifras, presentando sus propios números de 728 abusadores desde 1945, muchos de los cuales ya han fallecido.

El nuevo sistema de reparaciones ha sido recibido con cautela. No existe una escala de compensaciones vinculante y la evaluación de los casos se realizará individualmente, lo que ha generado preocupaciones sobre la equidad y la consistencia de las reparaciones. Anne Barrett Doyle, cofundadora de Bishop Accountability, expresó que el protocolo parece frágil y carece de un marco claro para establecer indemnizaciones mínimas.

En medio de la visita del papa, el activista Miguel Hurtado ha planteado dudas sobre la efectividad del nuevo programa, señalando que su propio caso de abuso, ocurrido hace más de dos décadas, aún no ha sido atendido de manera adecuada. Hurtado, quien ha hecho públicas sus acusaciones, teme que el nuevo sistema pueda dejar a muchas víctimas sin respuestas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial generativa.