España defiende su mercado inmobiliario: no es un "libre para todos" tras medidas a Airbnb

MADRID (AP) — En un intento por redefinir las dinámicas del mercado inmobiliario, el gobierno español lanzó el mes pasado una serie de acciones que delimitaron el alcance de plataformas como Airbnb. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda, explicó a The Associated Press que el objetivo es dejar claro que la economía de España, así como su sector inmobiliario, no funciona como un "libre para todos" que prioriza las ganancias sobre la legalidad.

Entre las medidas implementadas, se ordenó a Airbnb eliminar aproximadamente 66,000 anuncios de alquileres temporales que, según las autoridades, habían infringido regulaciones locales al omitir números de licencia, listar datos incorrectos o no identificar al propietario del inmueble. La empresa ha decidido apelar esta medida en los tribunales.

Como uno de los destinos más frecuentados a nivel global, España, con sus 49 millones de habitantes, atrajo un número récord de 94 millones de turistas internacionales el año pasado. Sin embargo, la cuestión de la asequibilidad de la vivienda se agudiza en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, lo que ha generado un creciente rechazo hacia los alquileres a corto plazo, siendo Airbnb uno de los principales actores en el sector.

El gobierno español sostiene que existe una relación significativa entre el crecimiento de empresas de alquiler a corto plazo y el aumento en los precios de arrendamientos y la dificultad de acceder a vivienda asequible.

Una demanda urgente por parte de la sociedad

“Obviamente hay una correlación entre estos dos hechos”, comentó Bustinduy. “No es una relación lineal; no es el único factor que afecta la situación, existen muchas variables en juego, pero claramente, es uno de los elementos que están contribuyendo a esta problemática”.

Un reciente informe del Banco de España estimó que el país enfrenta un déficit de 450,000 viviendas. En puntos turísticos de las Islas Canarias y Baleares, se señala que la mitad de las viviendas están destinadas a alquiler turístico o son propiedad de no residentes. Bustinduy enfatizó que si bien el turismo es fundamental para la economía española, este debe gestionarse de forma sostenible y sin comprometer los derechos constitucionales de los ciudadanos, tales como el acceso a una vivienda digna.

Recientemente, se llevaron a cabo masivas protestas en toda España, donde decenas de miles de personas exigieron acciones gubernamentales más efectivas en materia de vivienda. En manifestaciones en Madrid, se observaron carteles en los que se leía “Fuera Airbnb de nuestros barrios”, reflejando la creciente indignación social.

“Es esencial lograr un equilibrio entre los derechos constitucionales de los ciudadanos y las actividades comerciales en general”, destacó Bustinduy.

Gobiernos regionales también están abordando este dilema. Por ejemplo, Barcelona anunció un plan para prohibir los 10,000 apartamentos con licencia como alquileres a corto plazo para 2028, buscando garantizar que haya suficientes viviendas disponibles para residentes permanentes.

Airbnb, mientras tanto, ha afirmado que no eliminará de inmediato los anuncios de alquileres vacacionales de su plataforma mientras se evalúa la apelación en los tribunales.

En respuesta a la directiva del gobierno español, la compañía argumentó que aunque conecta a propietarios e inquilinos, no posee obligaciones de supervisión, aunque sí exige a los anfitriones cumplir con las leyes locales.

Bustinduy destacó que las acciones del gobierno español son un reflejo del deseo de rendición de cuentas respecto a empresas tecnológicas como Airbnb. “Existe una lucha continua por la rendición de cuentas y la responsabilidad”, aseguró. “La naturaleza digital de estas corporaciones multinacionales no debe ser excusa para evadir las regulaciones democráticamente establecidas”.

El ministro, quien forma parte de la coalición de izquierda Sumar, desestimó la idea de que el gobierno español podría desalentar a los turistas con estas medidas. “Esto promoverá estancias más prolongadas, fomentará un turismo responsable y protegerá todo lo que hacemos por este maravilloso país, que es la razón por la cual tantas personas desean visitarlo”, argumentó.

Bustinduy también criticó a las aerolíneas de bajo costo, presión que España ha ejercido para prohibirles cobrar a los pasajeros por el equipaje de mano, resultando en multas por un total de 179 millones de dólares a cinco aerolíneas, incluidos RyanAir y easyJet. “El objetivo de estas acciones siempre es preservar los derechos de los consumidores”, concluyó Bustinduy. “Las grandes corporaciones, sin importar su tamaño, deben adaptarse a las regulaciones existentes”.

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Esta noticia fue reportada por Joseph Wilson en Barcelona, España.

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Esta historia ha sido traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.