El Vaticano retoma el juicio del siglo tras reveses para la fiscalía

CIUDAD DEL VATICANO — La fase de apelaciones del "juicio del siglo" en el Vaticano se ha reanudado, luego de que los fiscales enfrentaran varios contratiempos que podrían influir en el desenlace del caso. Este juicio se centra en el ex cardenal Angelo Becciu y otros ocho acusados, quienes fueron condenados por delitos financieros en 2023 tras un extenso proceso judicial de dos años.

Recientemente, el alto Tribunal de Casación del Vaticano ratificó la decisión de un tribunal inferior de desestimar completamente la apelación de los fiscales. Esta resolución implica que los acusados solo pueden esperar que sus condenas sean mejoradas o, en el mejor de los casos, anuladas.

El mismo día en que se conoció la decisión de Casación, el fiscal jefe del Vaticano, Alessandro Diddi, tomó la decisión de renunciar al caso, abandonando sus meses de objeciones. Esta renuncia se produjo para evitar la posibilidad de que el tribunal de Casación ordenara su destitución.

La controversia radica en el papel de Diddi en un conjunto de chats de WhatsApp que han puesto en entredicho la credibilidad del juicio. Estos mensajes, que documentan un esfuerzo a largo plazo para apuntar a Becciu, sugieren comportamientos cuestionables por parte de las autoridades del Vaticano, incluyendo a fiscales y al propio papa Francisco.

Los abogados defensores argumentaron que los chats demostraban la falta de imparcialidad de Diddi en la gestión de pruebas y testigos. A pesar de sus quejas, Diddi se recusó para evitar que las insinuaciones en su contra perjudicaran el proceso judicial.

Si el tribunal hubiera decidido en contra de Diddi, el caso podría haber sido declarado nulo. Sin embargo, el tribunal de apelaciones determinó que las acciones de Diddi como fiscal eran válidas, a pesar de su posterior recusación.

El juicio original, que comenzó en 2021, se centró en la inversión del Vaticano de 350 millones de euros en una propiedad en Londres. Los fiscales alegaron que hubo estafas por parte de intermediarios y monseñores del Vaticano, que habrían extorsionado a la Santa Sede por 15 millones de euros para ceder el control de la propiedad.

Durante el proceso, Becciu fue condenado por malversación y sentenciado a cinco años y medio de prisión, mientras que otros ocho acusados enfrentaron condenas por diversos delitos, aunque algunos fueron absueltos de otros cargos.

Las apelaciones actuales se enfocan en otros argumentos de defensa, centrándose en el papel del papa Francisco en la investigación. Durante el juicio, los defensores sostuvieron que sus clientes no podían recibir un juicio justo en un sistema donde el papa ejerce todos los poderes. En este contexto, se mencionan cuatro decretos ejecutivos secretos firmados por el papa que otorgaron amplios poderes a los fiscales, lo que ha sido objeto de controversia.

Los decretos no fueron publicados oficialmente y su existencia solo se conoció antes del juicio, lo que generó preocupaciones sobre la equidad del proceso. La defensa argumentó que la falta de transparencia violaba el derecho a un juicio justo, un argumento que fue rechazado por el tribunal en su momento.

A pesar de las críticas, el Vaticano ha afirmado que todos los acusados han recibido un juicio justo. El desenlace de este caso sigue siendo incierto, mientras las apelaciones avanzan.