El Tribunal de Paz de Colombia sentencia a 12 exmilitares por ejecuciones extrajudiciales

BOGOTÁ (AP) — El Tribunal de Paz de Colombia emitió el jueves la primera sentencia contra 12 exmilitares que aceptaron su responsabilidad en más de un centenar de ejecuciones extrajudiciales cometidas hace dos décadas, en uno de los capítulos más oscuros de la represión de las fuerzas de seguridad conocido como "falsos positivos".

Un otrora coronel, un mayor y varios soldados que pertenecieron al Batallón La Popa, ubicado al norte del país, recibieron sanciones que no implicaron cárcel sino trabajos comunitarios que pretenderán responder a las víctimas y reparar parte del daño causado.

Se trató de la segunda sentencia que emitió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal creado como parte del histórico acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Previamente, la antigua cúpula de la guerrilla fue sentenciada por miles de secuestros.

Los exmilitares confesaron haber ejecutado y encubierto las desapariciones forzadas y posteriores asesinatos de 135 personas entre 2002 y 2005. Según el tribunal, conformaron una “organización criminal” dentro de la unidad militar para cometer los delitos y presentar a sus víctimas falsamente como guerrilleros muertos en combate.

El tribunal encontró que los exmilitares tuvieron alianzas con grupos paramilitares —surgidos para combatir a las guerrillas de izquierda— que en algunos casos ayudaron a retener a las víctimas o las asesinaron y luego las entregaron a los militares. En otros casos, los militares buscaron a las víctimas y las engañaron.

Elkin Rojas, uno de los sentenciados que fue señalado de reclutar y encubrir los asesinatos, relató al tribunal que en 2004 fue él mismo a buscar posibles víctimas y halló a dos hombres a los que engañó ofreciéndoles trabajo. Luego los llevó en un taxi, los reunió con más militares, los vistieron simulando que eran guerrilleros y los asesinaron. Con el crimen esperaron obtener permisos de sus superiores para salir a descansar.

“Todos estos asesinatos y estos hechos ya eran una constante, eso funcionaba como un reloj”, declaró ante el tribunal Guillermo Gutiérrez Rivero, quien fue oficial de operaciones en el batallón, también sentenciado.

La JEP encontró que luego de los asesinatos los militares elaboraron documentos que daban apariencia de legalidad a la operación en los que justificaron el movimiento de las tropas y reportaron que las víctimas pertenecían a grupos armados ilegales, indicando que también les habían incautado armas y material bélico.

Según el tribunal, la cifra de ejecuciones extrajudiciales asciende a 6.402 víctimas, la mayoría ocurridas entre 2002 y 2008 durante el mandato del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). El exmandatario defendió su política de seguridad y aseguró que nunca ordenó los crímenes, sino que actuó con celeridad ante las denuncias de ejecuciones extrajudiciales durante su mandato.

A diferencia de los 12 exmilitares sancionados, el coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien era el comandante del Batallón La Popa, no aceptó su responsabilidad y se encuentra en un juicio en el que se expone a una pena de hasta 20 años de cárcel.