El Salvador prorroga por 45ta vez el régimen de excepción en su lucha contra las pandillas

SAN SALVADOR (AP) — La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el martes la 45ta. prórroga del régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, como parte de la estrategia central del gobierno del presidente Nayib Bukele en el combate a las pandillas y en medio de cuestionamientos de grupos de derechos humanos a esa prolongada medida.

La nueva prórroga, que estará vigente desde el 2 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2025, fue aprobada con 57 votos del partido oficial Nuevas Ideas y sus aliados —dos diputados del Partido de Concertación Nacional y uno del Partido Demócrata Cristiano. La diputada de oposición, Claudia Ortiz, votó en contra. Dos diputados de oposición estuvieron ausentes.

El diputado Caleb Navarro, del partido oficial Nuevas Ideas, argumentó que deben prorrogar la medida para "impedir la reorganización de las pandillas, capturar remanentes y bloquear el resurgimiento de nuevas estructuras criminales".

Desde el inicio del régimen, el 27 de marzo de 2022, el gobierno asegura que van 1.060 días sin homicidios y 90.200 personas capturadas señaladas de tener supuestos nexos con las pandillas.

El martes un grupo de mujeres del Movimiento de Víctimas del Régimen protestó en el Centro Histórico de San Salvador contra el régimen de excepción y por la muerte, según afirman, de "al menos 25 mujeres" en las cárceles. También exigió justicia por la muerte de Jessica Solís, contra quien según autoridades salvadoreñas un soldado disparó accidentalmente el 6 de noviembre.

El Socorro Jurídico Humanitario, una ONG, informó por su parte que registra 458 adultos y cuatro niños fallecidos bajo custodia estatal durante la aplicación del régimen. Su representante, Ingrid Escobar, quien se fue en junio de El Salvador denunciando persecución estatal en su contra, lamentó la nueva prórroga y argumentó que durante el régimen ha habido "tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas, muertes extrajudiciales, desaparición forzada", inclusive, contra personas inocentes.

En su solicitud para la nueva prórroga, el gobierno sostuvo que "persisten remanentes activos" de pandillas y de redes de apoyo y que "no han sido completamente desarticuladas". Asegura que hay "vínculos transnacionales, intentos de reorganización y actividades ilícitas remanentes". También explicó que han capturado a pandilleros y cabecillas, algunos de ellos deportados, con la cooperación de autoridades de Estados Unidos, México y Guatemala.

Para solicitar la nueva prórroga, el 24 de noviembre, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, argumentó ante el Consejo de Ministros que las condiciones bajo las cuales fueron suspendidas las garantías constitucionales "aún se mantienen". Si bien en marzo de 2022 se suspendieron cuatro garantías constitucionales, que incluyeron la libertad de asociación, el gobierno solo solicita prorrogar las suspensiones de las garantías de defensa, el plazo de la detención administrativa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.

En la solicitud, el gobierno argumentó que las prórrogas sucesivas no están prohibidas porque continúan las condiciones que motivaron la suspensión de esos derechos y la Constitución no establece que puede prorrogarse "por una sola vez". El artículo 30 de la Constitución indica que el plazo de las garantías constitucionales "no excederá de 30 días" y que podrá prolongarse "por igual período y mediante nuevo decreto".