El Salvador extiende régimen de excepción por 43ra vez y detiene a 89.500 personas

SAN SALVADOR (AP) — El Congreso salvadoreño aprobó el miércoles la 43ra prórroga del régimen de excepción que suspendió garantías constitucionales de la población, durante el cual 89.500 personas fueron detenidas acusadas de formar parte de las pandillas o de colaborar con estos grupos criminales.

La nueva prórroga del régimen de excepción que estuvo vigente hasta el 1 de noviembre se aprobó con los votos de 57 de los 60 diputados. La diputada suplente Cesia Rivas, del partido conservador VAMOS, votó en contra. Los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) no estuvieron presentes a la hora de la votación.

El gobierno siguió pidiendo las prorrogas, a pesar de que en agosto de 2024 el presidente Bukele planteó la posibilidad de prescindir de esa medida que debía ser supuestamente temporal y fue aplicada como estrategia de seguridad para combatir a las pandillas.

Después de que en un solo día esos grupos delictivos asesinaron a 62 personas en todo el país, el 27 de marzo de 2022, y a petición del derechista presidente Nayib Bukele, el Congreso aprobó un estado de excepción que, según organismos nacionales e internacionales, ha resultado en graves violaciones a los derechos humanos.

La organización Amnistía Internacional publicó un análisis en el que afirmó que el régimen de excepción ha “consolidado un modelo que da la apariencia de legalidad a la detención masiva sin pruebas, la suspensión de garantías judiciales y la imposición de plazos desproporcionados de detención administrativa”.

La nueva prórroga mantuvo la suspensión de derechos constitucionales, como el de ser informado sobre los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pudieron intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se extendió la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.

Las autoridades sostuvieron que la aplicación de las medidas de seguridad permitió “la reducción histórica en los índices de homicidios, con más de 1.020 días sin la ocurrencia de estos delitos durante el actual gobierno, y la captura de 89.500 personas vinculadas a estos grupos criminales.

En los últimos 30 días las autoridades reportaron 700 capturas más a la última cifra de 88.800. Sin embargo, el propio gobierno reconoció que el 90% de los detenidos se encuentra en prisión a la espera de juicio y que 8.000 personas fueron liberadas por falta de pruebas.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguraron que podría haber hasta 25.000 inocentes encarcelados. La ONG Socorro Jurídico Humanitario afirmó haber contabilizado que 447 personas han muerto en las cárceles durante la vigencia del régimen “sin haber sido vencidos en juicio”.

La Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla Barrio 18 están consideradas como organizaciones terroristas en El Salvador por una decisión de la Corte Suprema de Justicia de 2015. Ese año, que cerró con 6.656 asesinatos y una tasa de homicidios de 106 por 100.000 habitantes, fue uno de los más violentos en la historia salvadoreña y el más sangriento desde la guerra civil.

El Salvador cerró 2024 con una cifra mínima récord de 114 homicidios, un promedio diario de 0,3. En lo que va de 2025 se han registrado 63 homicidios, incluidos tres en la categoría de “intervenciones legales”, que el gobierno de Bukele no contabiliza.