El presupuesto propuesto por Trump genera dudas en los estados estadounidenses

JEFFERSON CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — El plan de ley del presidente Donald Trump, que busca recortar impuestos y reducir el gasto federal en programas sociales, podría generar importantes efectos en los estados, aunque para muchos es demasiado tarde para reaccionar en este año.

Este martes marcó el comienzo de un nuevo año fiscal en 46 estados. Aunque algunas legislaturas continúan trabajando, la mayoría ha terminado ya sus presupuestos, sin claridad sobre posibles recortes en la financiación federal y su alcance.

“El constante vaivén de rumores y realidades ha provocado una gran incertidumbre y ansiedad en los gobiernos estatales”, comentó David Adkins, director ejecutivo del Consejo de Gobiernos Estatales.

Varios estados han tomado precauciones, destinando fondos a reservas o encargando comités para rastrear el impacto de posibles recortes en la financiación federal. Algunos planean?? adicionales este año para tratar de abordar potenciales reducciones en programas federales conjuntos como Medicaid y SNAP. Otros deberán aguardar hasta el próximo año, cuando su legislatura retome actividades.

Riesgos para los estados

“Si se implementan recortes significativos, los estados no podrán absorberlos por completo”, advirtió Brian Sigritz, director de estudios fiscales estatales en la Asociación Nacional de Oficiales de Presupuesto Estatal.

A nivel nacional, Medicare representa actualmente el 30% del gasto total estatal, según KFF, convirtiéndose en el programa más costoso para muchos estados, superando incluso a la educación. Dado que una gran parte de los fondos de Medicaid provienen del gobierno federal, cualquier cambio en la política federal podría tener grandes repercusiones.

La legislación federal que se discute también afectaría diversos aspectos de Medicaid, incluyendo condiciones que se anticipa reduzcan la inscripción de millones de personas, así como otros cambios que podrían incrementar la carga fiscal sobre los estados.

Por el momento, el gobierno federal cubre la totalidad de los beneficios de SNAP y la mitad de los costos administrativos. Sin embargo, la propuesta de Trump transferiría una mayor proporción de estos costos a los estados, obligándolos a decidir entre reasignar dinero de otros fondos o eliminar sus programas de asistencia alimentaria.

Las reformas propuestas para Medicaid y SNAP se suman a otras políticas de la administración Trump que han impactado en las finanzas estatales, como la disminución de subsidios para proyectos de transporte y tecnología, o restricciones de financiación relacionadas con jurisdicciones que limitan la cooperación con autoridades migratorias federales.

Estados en modo ahorro

El incremento en la ayuda federal y los ingresos fiscales durante la pandemia resultó en superávits históricos en muchos estados. Con la caída de los ingresos y agotamiento de esos superávits, algunos estados están buscando medidas de protección ante posibles recortes federales.

Nuevo México aprobó este año una ley creando un fondo fiduciario de Medicaid que, a largo plazo, podría acumular hasta 2 mil millones de dólares para respaldar el programa en caso de que se reduzcan las asignaciones federales.

Hawai decidió apartar 200 millones de dólares en su presupuesto estatal como un fondo de contingencia frente a la inestabilidad de la financiación federal y planea realizar sesiones especiales para suplir esos inconvenientes.

El presupuesto de Vermont incluye hasta 110 millones de dólares que podrían usar para enfrentar recortes de fondos federales, permitiendo incluso gastos mientras la Legislatura no está en activo.

Si bien no todos tienen que ver directamente con recortes federales, legisladores de Florida propusieron una enmienda constitucional que aseguraría 750 millones de dólares al año en un fondo de reserva.

Preparativos en diversas legislaturas

La incertidumbre llevó a varios estados a elaborar presupuestos futuros antes de que se aclararan los detalles del proyecto de ley de Trump. En Virginia, el gobernador Glenn Youngkin optó por vetar múltiples gastos para crear un colchón financiero de aproximadamente 900 millones de dólares.

Algunos estados, conscientes de futuros riesgos, han reservado fondos. Montana destina 50,000 dólares para un análisis de las implicancias financieras ante posibles recortes federales aprobados, mientras que Maryland ha aprobado medidas para presentar reportes ante posibles caída de financiamiento de 1,000 millones de dólares.

Las legislaturas de Connecticut han aprobado planes que permiten identificar fondos estatales para preservar programas esenciales frente a escenarios de reducción fiscal.

No obstante, legisladores de Dakota del Norte evitaron cerrar su sesión legislativa antes de tiempo, dejando espacio para futuras reuniones si exigen más claridades en los próximos meses.