El gobierno de EE.UU. adquiere dos centros de detención en California

La empresa de prisiones privadas CoreCivic anunció la venta de dos importantes centros de detención de inmigrantes en California al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en un acuerdo que asciende a 1.500 millones de dólares. Esta transacción, que se concretó el 2 de julio, incluye el Centro de Detención de Otay Mesa, ubicado en el condado de San Diego, y el Centro de Detención de California City, en el condado de Kern.

Según el comunicado de CoreCivic, se espera que la venta genere ingresos netos aproximados de 1.100 millones de dólares. El DHS pagó 739,2 millones de dólares por la instalación de Otay Mesa, que cuenta con 1.994 camas, y 732,6 millones de dólares por la nueva instalación en California City, que tiene capacidad para 2.560 personas.

En virtud de los contratos de administración actuales, CoreCivic continuará operando ambos centros, aunque se ha indicado que los términos de estos contratos podrían ser objeto de renegociación tras la venta. El contrato en California City se extiende hasta agosto de 2027, mientras que el de Otay Mesa está vigente hasta diciembre de 2029, con la opción de prórroga por cinco años más.

La compra se da en un contexto donde el DHS cuenta con un presupuesto significativo, que en 2025 alcanzó cerca de 170.000 millones de dólares para la aplicación de leyes migratorias, con 45.000 millones específicamente destinados a aumentar la capacidad de detención hasta el año fiscal 2029.

Este movimiento forma parte de un plan más amplio del gobierno federal para incrementar la capacidad de detención de inmigrantes, alejándose de la dependencia de grandes contratistas privados. Un informe del Brennan Center for Justice destacó esta estrategia en febrero, sugiriendo que el DHS busca crear una red de detención más eficiente.

La adquisición de estos centros ha sorprendido a funcionarios locales en varios estados, quienes fueron informados de los acuerdos solo después de su cierre. Algunos de estos proyectos enfrentan impugnaciones legales. La ley de California permite inspecciones en los centros de detención, y ha habido preocupación sobre las condiciones en estos sitios desde la administración de Donald Trump.

La instalación de Otay Mesa ha estado en el centro de una disputa legal sobre inspecciones de salud, donde funcionarios locales han demandado al gobierno federal por el acceso a las instalaciones. CoreCivic y GEO Group han cuestionado la legalidad de las leyes estatales que imponen restricciones a su operación.

Por último, CoreCivic ha indicado que mantiene conversaciones con el ICE sobre la posible venta de otros centros de detención, aunque estas negociaciones aún se encuentran en etapas preliminares.