El gobierno de EEUU adjudica contrato de 150 millones para asistencia legal a niños migrantes

CHICAGO — El gobierno de Donald Trump ha otorgado un contrato de 150 millones de dólares destinado a proporcionar asistencia legal a niños inmigrantes no acompañados a un pequeño bufete de Texas con vínculos gubernamentales, pero escasa experiencia en derecho migratorio.

Esta decisión ha suscitado alarmas entre los grupos de asesoría jurídica que han trabajado con estos menores durante años, quienes expresaron el miércoles que esta medida podría aumentar la vulnerabilidad de los niños inmigrantes ante la deportación.

El contrato fue asignado a Burke Law Group, un despacho con sede en Houston, justo en un momento en que el gobierno federal está intensificando su campaña de deportaciones en todo el país. Esta adjudicación se produjo apenas una semana después de que expirara un contrato significativo con una red de organizaciones legales que brindaban apoyo a niños inmigrantes.

Los proveedores de asistencia legal han manifestado su creciente preocupación de que los menores en situaciones vulnerables no cuenten con el respaldo legal necesario en un contexto donde el gobierno ha intensificado sus esfuerzos de deportación.

Michael Lukens, director de Amica Center, calificó de "perturbadora y sorprendente" la decisión de otorgar este contrato a un bufete con tan poca experiencia. "Esto es un presagio de una situación en la que los niños no recibirán un debido proceso adecuado ni tendrán una oportunidad real de ser escuchados en un tribunal. No se puede confiar el cuidado de niños a cualquier bufete", enfatizó Lukens.

Los grupos también señalaron que el contrato, dado a conocer el martes, se aplica únicamente a los menores que ya están alojados en albergues administrados por el gobierno. Esto implica que se necesitará otro contrato para cubrir los servicios de los niños migrantes que viven fuera del sistema de refugios. Actualmente, hay aproximadamente 1.800 menores en albergues y alrededor de 22.000 viviendo con patrocinadores o familiares.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre esta situación.

El gobierno anunció el martes que el contrato con Burke Law Group comenzará el 15 de agosto y tendrá una duración de un año. Sin embargo, solo dos de los 25 abogados del bufete tienen experiencia relevante en derecho migratorio, mientras que la mayoría son abogados corporativos con conexiones a causas conservadoras.

La fundadora del bufete, Marcella Burke, trabajó anteriormente para la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento del Interior durante el primer mandato de Trump. También destaca Justin Shubow, un defensor de estilos arquitectónicos clásicos y tradicionales en edificios federales, que fue designado por Trump para liderar la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos.

El contrato ha sido calificado como un "acuerdo cooperativo de fuente única", lo que significa que el gobierno eligió a este bufete sin seguir el proceso competitivo habitual de licitación, sin ofrecer justificación para omitir estas reglas.

Los menores migrantes no acompañados son considerados especialmente vulnerables debido a su edad y generalmente están bajo la custodia del gobierno federal. La Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata de 2008 exige que se les ofrezca representación legal en los procesos de deportación. Hasta hace poco, esta representación estaba en manos de una red de casi 100 proveedores de asistencia legal en todo el país.

Sin embargo, el contrato anterior expiró el viernes pasado, y la incertidumbre persiste sobre quién asumirá el trabajo en el futuro. Desde noviembre, los proveedores de asistencia legal han enfrentado dificultades para recibir reembolsos por el trabajo realizado, ya que el gobierno ha solicitado información detallada sobre sus clientes, lo que complica el cumplimiento de las normas éticas.