El gobierno colombiano justifica bombardeo contra disidencias de las FARC que dejó tres menores fallecidos

BOGOTÁ — El gobierno colombiano realizó una defensa del bombardeo ejecutado la semana pasada contra campamentos de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras la confirmación de la muerte de tres menores por parte del instituto forense. El presidente Abelardo de la Espriella expresó su respaldo a las operaciones militares que se llevan a cabo para combatir a los grupos narcoterroristas, afirmando: "Los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el Derecho Humanitario".

Desde su asunción al poder el 7 de agosto, De la Espriella ha prometido una postura más agresiva frente a los grupos ilegales, priorizando las operaciones militares ofensivas y finalizando los diálogos de paz establecidos por su antecesor, el progresista Gustavo Petro (2022-2026).

Hasta la fecha, su administración ha llevado a cabo tres bombardeos. El segundo se realizó el 27 de agosto en una región selvática del municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare, específicamente contra campamentos de las disidencias de las FARC, lideradas por Alexander Díaz Mendoza, conocido como "Calarcá", quien es uno de los más buscados en el país.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que recibió diez cuerpos relacionados con las acciones militares en El Guaviare, entre los cuales tres pertenecen a menores de edad. El Ministerio de Defensa detalló que se "neutralizaron" diez combatientes, incluidos dos menores de 15 años y uno de 16, además de la captura de un adulto y la recuperación de otro menor con vida.

La operación fue defendida por el Ministerio de Defensa, que aseguró que cumplió con todos los estándares legales en los ataques aéreos estratégicos, rechazando el reclutamiento forzado como un "crimen de guerra" y una grave violación al Derecho Internacional Humanitario.

El primer bombardeo tuvo lugar el 11 de agosto contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Catatumbo, una zona fronteriza con Venezuela, y generó cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos debido a su posible impacto en civiles.

Un tercer bombardeo fue reportado el lunes por De la Espriella, quien indicó que ocho presuntos integrantes de las disidencias lideradas por Néstor Gregorio Vera, alias "Iván Mordisco", fueron asesinados en Guaviare, aunque no se especificó si había menores entre las víctimas.

El debate sobre el reclutamiento de menores en Colombia ha sido constante. La congresista del opositor Pacto Histórico, Verónica Estrada, exigió al gobierno aclaraciones sobre el bombardeo, solicitando información de inteligencia sobre la posible presencia de menores, la evaluación previa del ataque y las medidas adoptadas para proteger sus vidas. "Los niños reclutados no dejan de ser víctimas porque un grupo armado los haya llevado a la guerra forzosamente", subrayó en su cuenta de X.

La Defensoría del Pueblo también ha instado a tomar precauciones para proteger a los niños y adolescentes que son reclutados. Según datos recientes, al menos 97 menores han sido reclutados forzosamente entre enero y julio, con un enfoque particular en departamentos como Cauca y Nariño, en el suroeste, y Norte de Santander, en el noreste.