El Congreso de Perú considera la destitución del presidente José Jerí por corrupción

LIMA — En una sesión especial, el Congreso de Perú discute la posible destitución del presidente interino José Jerí, quien enfrenta una investigación preliminar por presunta corrupción tras mantener reuniones no informadas con dos empresarios chinos. La fiscalía ha iniciado indagatorias sobre estas citas, lo que ha llevado a un clima de incertidumbre en la política peruana.

Los legisladores necesitan más de la mitad de los votos presentes para destituir a Jerí, quien asumió el cargo hace apenas cuatro meses. En caso de ser removido, uno de los congresistas tendría que ser elegido como nuevo presidente, sumando otro capítulo a la inestabilidad política del país, justo a dos meses de las elecciones presidenciales.

Desde 2018, Perú ha tenido siete presidentes, de los cuales tres fueron destituidos por el Parlamento, mientras que dos renunciaron antes de ser destituidos. Solo un mandatario interino logró completar su mandato.

Jerí asumió la presidencia el 10 de octubre, tras la destitución de su predecesora, Dina Boluarte, en un contexto de creciente criminalidad y crisis política. Si es destituido, un nuevo presidente será elegido por el Congreso y gobernará hasta el 28 de julio, cuando el ganador de las elecciones presidenciales asuma el cargo.

La crisis que enfrenta Jerí se intensificó en enero, cuando se reveló que mantuvo encuentros sin registrar con empresarios, uno de los cuales está vinculado a un escándalo por tráfico de madera. A pesar de sus explicaciones sobre la naturaleza de las reuniones, los legisladores continúan presionando por su destitución.

Adicionalmente, Jerí es investigado por otro caso relacionado con tráfico de influencias, luego de que varias mujeres que se reunieron con él en el palacio presidencial obtuvieron cargos en la administración pública. Antes de asumir, ya enfrentaba cuestionamientos sobre el aumento desproporcionado de su patrimonio personal y una denuncia de violación que fue archivada.

En su defensa, Jerí argumenta que su compromiso es garantizar la seguridad interna de un país que enfrenta altos índices de violencia, así como asegurar elecciones justas en abril, donde se elegirán un nuevo presidente y un nuevo Parlamento.