Controversia judicial
05/06/2025 | 18:04
Redacción Cadena 3
El gobierno de Estados Unidos decidió imponer sanciones a cuatro jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por llevar a cabo investigaciones sobre los supuestos crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza y Cisjordania. La medida fue anunciada por el Departamento de Estado el 5 de junio de 2025, destacando el congelamiento de activos que estos jueces pudieran tener en jurisdicciones estadounidenses.
Las sanciones se dirigen a jueces provenientes de Benín, Perú, Eslovenia y Uganda. Se trata de una acción más de Estados Unidos para desacreditar a la CPI, que ha sido vista como un organismo que investiga posibles violaciones por parte de Israel y de sus aliados, entre ellos Estados Unidos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, emitió un comunicado en el cual argumentó que los jueces estaban involucrados en actividades ilegítimas de la CPI dirigidas contra Estados Unidos y su cercano aliado, Israel. Rubio también expresó que la CPI está politizada, desestimando su capacidad para llevar a cabo investigaciones justas.
En el pasado, Estados Unidos ya había tomado medidas en contra de la CPI. En febrero de ese año, el fiscal de la CPI, Karim Khan, fue incluido en la lista de “nacionales especialmente designados” por Washington, lo que prohibía a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con él y restringía su entrada al país. Este anuncio se produjo en un contexto de creciente tensión entre la CPI y el gobierno estadounidense.
El anuncio fue rápidamente respondido por la CPI, que condenó las sanciones afirmando que estas buscan socavar su independencia. El portavoz de la CPI, Fadi El Abdallah, afirmó que las acciones estadounidenses son un claro intento de pisotear la autonomía judicial de una institución internacional.
Los jueces sancionados incluyen a Reine Alapini-Gansou de Benín, quien estuvo involucrada en la emisión de una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra en los territorios ocupados. También se menciona a Beti Hohler de Eslovenia, Luz del Carmen Ibáñez Carranza de Perú y Solomy Balungi Bossa de Uganda, quienes tienen antecedentes relacionados con casos que involucran a Israel.
Tanto Estados Unidos como Israel no reconocen la legitimidad de la CPI, que ha emitido órdenes de arresto contra Netanyahu por su presunta responsabilidad en los crímenes cometidos durante las operaciones militares en Gaza. El clima de confrontación se agrava a medida que estas acciones son tomadas para proteger los intereses de ambos países en el tribunal internacional.
Históricamente, las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos hacia la CPI no son novedades. Durante la administración de Donald Trump, se implementaron sanciones similares, las cuales fueron posteriormente abolidas por el gobierno de Joe Biden. Sin embargo, Rubio indicó que Estados Unidos seguirá tomando medidas para proteger su soberanía y la de sus aliados ante acciones que consideren ilegítimas por parte de la CPI.
Las declaraciones de Liz Evenson, directora de justicia internacional en Human Rights Watch, reflejan un creciente descontento con estas sanciones, sugiriendo que el objetivo es disuadir a la CPI de buscar justicia en relación a los crímenes en Gaza, y añadiendo que tal ataque a la institución judicial es lamentable.
[Fuente: AP]
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