EEUU sanciona a más de 100 funcionarios nicaragüenses y sus familias

WASHINGTON — Estados Unidos ha implementado restricciones de viaje que afectan a más de 100 funcionarios del gobierno nicaragüense y a sus familiares, como parte de una estrategia más amplia destinada a sancionar al actual régimen por sus violaciones a los derechos humanos.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, comunicó el lunes que estas nuevas sanciones se producen en parte por la reciente muerte de Brooklyn Rivera, un activista encarcelado que había sido crítico de las políticas del presidente Daniel Ortega y de su esposa, Rosario Murillo.

Rubio expresó: "Estados Unidos está con el pueblo nicaragüense que, como Rivera, aspira a ver una Nicaragua libre". La administración nicaragüense no ha hecho comentarios sobre estas sanciones.

Hasta la fecha, Estados Unidos ha prohibido la entrada a más de 2.350 funcionarios nicaragüenses y a sus familiares. Sin embargo, los nombres de los nuevos sancionados no han sido divulgados.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU. también destacó en una publicación en X que seis familiares y amigos de Rivera han desaparecido, condenando esta situación.

En abril, el gobierno de Donald Trump había impuesto sanciones a los hijos de los copresidentes nicaragüenses.

Rivera era un reconocido líder indígena que luchó durante años por los derechos de su comunidad. Fue encarcelado en septiembre de 2023, en el contexto de una represión sistemática contra la sociedad civil que comenzó tras las violentas protestas de 2018.

El gobierno de Nicaragua ha declarado que Rivera murió debido a una infección bacteriana, tras un deterioro de su salud vinculado a un caso de COVID-19, que derivó en problemas físicos y neurológicos.

La muerte de Rivera ha sido denunciada por activistas y organizaciones de derechos humanos a nivel global, y Estados Unidos había exigido su liberación en el momento en que se hicieron públicas las fotos de su estado crítico en el hospital.

Desde 2018, el régimen de Ortega ha encarcelado a opositores, líderes religiosos y periodistas, exiliando a muchos y despojando a cientos de su ciudadanía y bienes. Más de 5.000 organizaciones, en su mayoría religiosas, han sido clausuradas y miles de personas se han visto obligadas a abandonar el país.