EEUU invierte $40 millones en deportaciones a terceros países, según un informe

WASHINGTON — La administración de Donald Trump desembolsó al menos 40 millones de dólares para deportar a cerca de 300 migrantes a países que no eran los suyos. Esta práctica se intensificó en el último año, alineándose con los objetivos del presidente para expulsar rápidamente a inmigrantes, según un informe elaborado por el personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Los miembros demócratas de este comité, liderados por la senadora Jeanne Shaheen, critican fuertemente la estrategia de deportaciones a terceros países, considerándola "costosa, derrochadora y con escasa supervisión". Además, demandan un "examen riguroso de una política que opera mayormente en la oscuridad".

El Departamento de Estado, encargado de las negociaciones para implementar estos programas, ha defendido las deportaciones a terceros países como parte de la campaña de Trump para erradicar la inmigración ilegal.

"Hemos arrestado a personas que son miembros de pandillas y las hemos deportado. No queremos miembros de pandillas en nuestro país", afirmó el secretario de Estado Marco Rubio durante una audiencia del Senado el mes pasado, al ser consultado sobre las deportaciones a terceros países.

El informe, que representa la primera revisión del Congreso sobre estos acuerdos, revela que se realizaron pagos que oscilan entre 4,7 millones y 7,5 millones de dólares a cinco países: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Esuatini y Palaos. En marzo del año pasado, El Salvador recibió alrededor de 250 ciudadanos venezolanos, mientras que las otras naciones recibieron un número menor de deportados, incluyendo 29 enviados a Guinea Ecuatorial y ninguno a Palaos hasta la fecha del informe.

Los acuerdos mencionados en el informe representan solo una pequeña parte de la estrategia general de la administración Trump para deportar migrantes a terceros países. Documentos internos revisados indican que existen 47 acuerdos en diferentes etapas de negociación, de los cuales 15 ya han sido finalizados y 10 están cerca de concluir.

Adicionalmente, la administración está en proceso de negociar acuerdos con países que aceptarán a solicitantes de asilo mientras sus solicitudes son tramitadas. De estos, 17 se encuentran en diversas fases de negociación, con nueve ya en vigor, aunque la administración sostiene que los acuerdos no necesariamente tienen que estar completados para enviar personas allí.

Organizaciones defensoras de los inmigrantes han criticado la política de "tercer país", considerándola irresponsable y una violación de los derechos al debido proceso, lo que podría dejar a los deportados atrapados en naciones con antecedentes de violaciones de derechos humanos y corrupción.

Durante una visita a Sudán del Sur, el personal demócrata del comité descubrió una instalación cercada con guardias armados donde se mantenía a deportados, incluidos migrantes de Vietnam y México.

Los demócratas también resaltan lo derrochadora e ineficaz que puede ser esta política. El informe documenta casos en los que migrantes fueron deportados a un tercer país, solo para que posteriormente Estados Unidos pagara otro vuelo para devolverlos a su país de origen.

"En muchos casos, los migrantes podrían haber sido devueltos directamente a sus países de origen, evitando vuelos innecesarios y costos adicionales", indicó Shaheen en un comunicado, respaldado por los senadores Chris Coons, Tammy Duckworth, Tim Kaine, Jack Rosen y Chris Van Hollen.

No está claro qué beneficios recibirán o esperan los países a cambio de aceptar a nacionales de terceros países. Comunicaciones diplomáticas divulgadas por el Departamento de Estado en enero revelan que Sudán del Sur envió una lista de solicitudes a Washington, que incluye apoyo estadounidense para el enjuiciamiento de un líder opositor y el levantamiento de sanciones a un alto funcionario acusado de desviar más de 1.000 millones de dólares en fondos públicos.

Shaheen también ha cuestionado un pago de 7,5 millones de dólares a Guinea Ecuatorial, que coincidió con el fortalecimiento de vínculos de la administración Trump con el vicepresidente de ese país, Teodoro "Teddy" Nguema Obiang, conocido por su estilo de vida ostentoso y su historial de corrupción que ha atraído la atención de fiscales en varios países.