Ecuador renueva conflicto armado interno para enfrentar el crimen organizado

El presidente Daniel Noboa anunció el jueves la renovación de la declaración de un conflicto armado interno en Ecuador, dos años y medio después de su declaración inicial. Esta medida busca enfrentar la creciente violencia generada por el crimen organizado en el país. La decisión también permitirá al gobierno recibir apoyo internacional y abrirá la puerta a la posible concesión de indultos a miembros de las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como extranjeros.

Según el decreto ejecutivo, se puede declarar un conflicto armado interno cuando hay "hostilidades" entre las fuerzas de seguridad y grupos armados no estatales organizados, que requieren la intervención de las fuerzas armadas y policiales para su neutralización. Este reconocimiento ofrece al gobierno ecuatoriano una cobertura legal para proteger las acciones de las fuerzas de seguridad ante posibles denuncias, con el objetivo de combatir las organizaciones criminales y restaurar el orden público y la seguridad ciudadana.

El documento establece que se reconoce la existencia de un conflicto armado interno en el territorio nacional para preservar la seguridad integral, soberanía e integridad territorial, así como para mantener el orden público.

Durante un evento militar en la costa central de Ecuador, Noboa destacó que se inicia una "etapa de guerra total", donde las fuerzas armadas deben estar adecuadamente equipadas y trabajar en conjunto con sistemas de inteligencia, incluyendo cooperación internacional para abordar una amenaza que afecta no solo a Ecuador, sino a toda la región.

El decreto no especifica qué países brindarán su cooperación, pero desde la llegada de Noboa al poder, Estados Unidos, Italia e Israel se han convertido en aliados cercanos.

En enero de 2024, Noboa declaró por primera vez un conflicto armado interno y estableció como objetivo militar a 22 organizaciones criminales que fueron catalogadas como "terroristas". Esta decisión fue una respuesta a un aumento sin precedentes de la violencia, que se intensificó tras la extradición de Adolfo Macías, alias "Fito", a Estados Unidos en 2025, y que culminó con la toma violenta de un canal de televisión durante una transmisión en vivo.

Desde que asumió la presidencia, Noboa ha implementado una política de "mano dura" contra el crimen organizado, declarando estados de excepción que permiten la acción conjunta de fuerzas militares y policiales, tanto en cárceles como en el territorio nacional. Estas medidas han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos, que argumentan que pueden facilitar un uso excesivo del poder estatal. Asimismo, sectores de oposición cuestionan la efectividad de estas acciones, especialmente tras el cierre de 2025, que se registró como el año más violento en la historia del país, con 9.216 homicidios.

La Corte Constitucional también ha cuestionado algunos de los estados de excepción, argumentando que no se ha justificado adecuadamente la existencia de un conflicto armado interno.