Ecuador aprueba ley que controla fundaciones en medio de críticas de la oposición

QUITO (AP) — La Asamblea de Ecuador aprobó el martes una ley para vigilar y controlar a las fundaciones que busca frenar el uso de recursos con “fines ilícitos”, según ha dicho el gobierno, pero que la oposición y otros sectores aseguran afectará a las organizaciones de la sociedad civil.

La denominada Ley de Transparencia Social se aprobó con 78 votos de 146 asambleístas presentes y será remitida al Ejecutivo para su pronunciamiento.

Es el cuarto proyecto “económico urgente” enviado por el presidente Daniel Noboa, un político millonario que asumió su segundo mandato en mayo y que ha logrado conformar una mayoría legislativa con aliados para viabilizar sus iniciativas.

La nueva legislación obliga a las organizaciones sin fines de lucro a realizar un registro e informar quiénes son sus aportadores, beneficiarios y el manejo del flujo de recursos. Además, la estatal Superintendencia de Economía Popular y Solidaria las clasificará por niveles de riesgo. Se establecen también sanciones administrativas, se permite el congelamiento de fondos y la revocatoria de permisos.

Para la legisladora oficialista Mishel Mancheno, la norma “cierra las puertas a todos los flujos irregulares de capital que alimentan a los grupos de delincuencia organizada” y que han servido para “lavar dinero, evadir al fisco y el financiamiento ilícito”.

Ecuador afronta una ola de violencia irrefrenable desde hace cuatro años por la expansión de organizaciones criminales en vinculación con carteles de droga transnacionales, según las autoridades.

Aunque Mancheno negó que se pretenda perseguir a organizaciones sociales, pero los críticos temen que la iniciativa abra las puertas a la persecución política.

Liliana Durán, asambleísta del movimiento de oposición Revolución Ciudadana, reprochó que se impongan auditorías costosas para organizaciones comunitarias. Consideró que ello entrega al Estado “la potestad de clasificar organizaciones”, exigir bases de datos, revocar personerías jurídicas o disponer de fondos sin sentencia previa.

La Relatora Especial para la Libertad de Asociación de las Naciones Unidas, Gina Romero, a través de la red social X, señaló que la ley “estigmatiza al sector de la sociedad civil en su conjunto al asociarlo con lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción y otros ilícitos sin que haya justificación satisfactoria de esa vinculación”.

Agregó que se debe realizar un análisis de riesgo apegado a los estándares internacionales y pidió al gobierno dejar de enviar proyectos urgentes “que requieren de discusiones amplias y suficientes”.

Tres de las cuatro leyes de urgencia aprobadas en la Asamblea han sido demandadas ante la Corte Constitucional.

Se estima que en Ecuador existen más de 64.500 organizaciones de la sociedad civil activas entre fundaciones, corporaciones y asociaciones, de acuerdo con un registro del propio sector.