Detienen a siete personas, seis de ellas militares, por nexos con narcotráfico en Chile

SANTIAGO (AP) — Un total de siete individuos fueron arrestados por las autoridades chilenas, entre ellos seis miembros de las fuerzas armadas, por su supuesta implicación en una banda criminal dedicada al tráfico de drogas desde la frontera norte hacia la región Metropolitana de Santiago.

En respuesta al creciente problema de narcotráfico en el país, las autoridades realizaron un operativo que condujo a estas detenciones en la ciudad portuaria de Iquique, ubicada en el extremo norte de Chile, próximo a la frontera con Bolivia. Los seis suboficiales pertenecen a la Segunda Brigada Acorazada “Cazadores” y fueron detenidos por su “supuesta participación en delitos de tráfico de drogas y asociación criminal”, según informó el Ejército en un comunicado difundido el lunes.

Como parte de las medidas disciplinarias, los implicados “fueron dados de baja de forma inmediata, conforme a lo que establece la normativa institucional vigente”, agregó la institución castrense, la cual también manifestó su “tajante rechazo a cualquier comportamiento que sea constitutivo de delito”.

Además, el Ministerio Público los ha señalado como integrantes de una organización que introducía drogas a través de pasos no habilitados desde la frontera con Bolivia, considerada como una de las principales rutas de ingreso de sustancias ilícitas al país.

Durante este operativo, llevado a cabo por Carabineros y la fiscalía, se incautaron 161 kilos de cocaína y 29 kilos de pasta base, con un valor comercial que supera los 3 millones de dólares. También fueron confiscados tres vehículos que se utilizaban para el transporte ilegal de drogas.

En el año 2024, Chile registró un decomiso récord, con más de 37 toneladas de narcóticos, lo que representa un incremento de 15 toneladas en comparación con el año anterior, de acuerdo con los datos más recientes del Ministerio de Seguridad Pública.

En una posterior conferencia de prensa, el titular del Ministerio de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó la situación como “graves” y afirmó que hay interrogantes abiertas que serán objeto de investigación, tales como la organización de los presuntos miembros de la banda, el origen de las drogas y las identidades de los distribuidores. “Para el gobierno, esta es una situación delicada y difícil desde el punto de vista institucional”, aseveró Cordero.

La fiscal a cargo del caso, Trinidad Steinert, subrayó que la investigación sigue en curso y explicó que, según las evidencias iniciales, los militares realizaban actividades delictivas en su tiempo libre, es decir, cuando no estaban en funciones.