Destitución del Ministro de Economía en Bolivia tras crisis legislativa

Buenos Aires, 21 de agosto (NA) -- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, tomó la decisión de destituir al ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, tras ser censurado el pasado martes por el Legislativo debido a su inasistencia a una interpelación que abordaba las políticas del Gobierno ante la crisis económica que enfrenta el país.

La destitución fue formalizada a través de un decreto publicado en la Gaceta oficial de Bolivia, en el cual se designó interinamente como nuevo ministro de Economía a Óscar Mario Justiniano, quien se desempeñaba como titular de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua.

Espinoza había solicitado reprogramar la interpelación, argumentando que tenía compromisos oficiales en el departamento oriental de Santa Cruz y en Brasil. Sin embargo, su petición fue rechazada y, como resultado, 91 de los 129 parlamentarios presentes votaron a favor de su censura.

De acuerdo con la Ley 1350, que regula los efectos de la censura, una vez que esta es resuelta y comunicada al presidente, este debe destituir al ministro censurado en un plazo máximo de 24 horas. La resolución legislativa fue emitida en el contexto de una creciente preocupación por la situación económica del país, lo que intensificó el debate sobre la efectividad del gabinete de Paz.

El Gobierno, por su parte, ha sostenido que la censura emitida por el Legislativo es inconstitucional, argumentando que la Constitución exige que la decisión se tome con dos tercios de los miembros de la Asamblea, y no solo de aquellos parlamentarios que asistieron a la sesión. En este sentido, Espinoza anunció que consultará al Tribunal Constitucional sobre la legalidad de su censura y eventual destitución.

El decreto firmado por Paz indica que se ha interpuesto una acción de amparo constitucional y que la Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, ha señalado audiencia para el 24 de agosto para tratar el asunto. Sin embargo, en los antecedentes comunicados al Ejecutivo no se especifica la existencia de una medida cautelar que suspenda los efectos de la resolución de censura.

En consecuencia, al cumplirse el plazo estipulado en la Ley 1350, el decreto señala que corresponde proceder con la destitución del ministro censurado, sin perjuicio de las decisiones que tome la Sala Constitucional respecto a la resolución de censura. Esta medida busca garantizar la continuidad del funcionamiento del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en un momento crítico para el país.