Despidos en la Oficina de Derechos Civiles de EEUU frenan investigaciones de violencia sexual

WASHINGTON (AP) — Antes de que la administración del presidente Donald Trump comenzara a desmantelar el Departamento de Educación, la agencia servía como un poderoso ejecutor en casos de violencia sexual en escuelas y universidades. Utilizaba el peso del gobierno contra las escuelas que manejaban incorrectamente las denuncias de agresión sexual relacionadas con estudiantes.

Ese trabajo está desapareciendo rápidamente.

La Oficina de Derechos Civiles del departamento fue desmantelada en los despidos masivos emprendidos por Trump el año pasado, dejando la mitad de abogados para investigar denuncias de discriminación por raza, sexo o discapacidad en las escuelas. Los que quedan enfrentan un retraso de más de 25.000 casos.

El número de investigaciones ha disminuido. Antes de los despidos realizados en marzo pasado, la oficina iniciaba docenas de investigaciones de violencia sexual al año. Desde entonces, ha abierto menos de 10 a escala nacional, según datos internos obtenidos por The Associated Press.

Sin embargo, el gobierno republicano ha redoblado esfuerzos en casos de discriminación sexual de otro tipo. Los funcionarios de Trump han utilizado el Título IX, una ley de igualdad de género de 1972, contra las escuelas que hacen adaptaciones para estudiantes y atletas transgénero. La Oficina de Derechos Civiles ha abierto casi 50 de esas investigaciones desde que Trump asumió el cargo hace un año.

Incluso antes de los despidos, los críticos decían que la oficina contaba con poco personal y avanzaba con demasiada lentitud. Ahora, muchas firmas que manejan casos del Título IX han dejado de presentar quejas, diciendo que es un callejón sin salida.

“Es casi como si estuvieras enfrentándote al vacío”, dijo Katie McKay, abogada de una firma de Nueva York que representa a víctimas.

“Se siente como un gran signo de interrogación en este momento”, expresó. "¿Cómo se supone que debemos exigir cuentas a una escuela una vez que ha cometido un error?"

Un portavoz del Departamento de Educación dijo que la oficina trabaja en su carga de casos, culpando a la administración demócrata del expresidente Joe Biden por dejar un retraso y reescribir las reglas del Título IX para proteger a los estudiantes LGBTQ+. Los funcionarios de Trump revocaron esas reglas.

“La Administración de Trump ha restaurado salvaguardas de sentido común contra la violencia sexual al devolver la separación basada en el sexo en instalaciones íntimas”, dijo la portavoz Julie Hartman. “La Oficina de Derechos Civiles protege y seguirá protegiendo la dignidad y la seguridad de los estudiantes de nuestra nación”.

Los estudiantes tienen pocos lugares a los que recurrir

Los despidos han ralentizado el trabajo en la Oficina de Derechos Civiles en general, pero tienen un impacto desproporcionado en los casos de violencia sexual. Los estudiantes maltratados por sus escuelas, incluidas las víctimas y los estudiantes acusados, tienen pocos lugares para buscar justicia.

Muchos tienen solo dos opciones: presentar una demanda o alejarse.

Una mujer dijo que casi ha perdido la esperanza por una queja que presentó en 2024. Alega que su escuela de posgrado no siguió sus propias políticas cuando suspendió, pero no expulsó, a otro estudiante que, según la propia escuela, la había agredido sexualmente. Nadie se ha puesto en contacto con ella sobre la queja desde 2024.

La mujer demandó recientemente a su escuela como último recurso. Dijo que se siente como un duelo entre David y Goliat.

“Tienen todo el poder, porque no hay ninguna gran organización que los responsabilice. Soy solo yo, solo esta persona que presenta esta simple demanda”, dijo la mujer. La AP generalmente no identifica a personas que dicen ser víctimas de agresión sexual a menos que otorguen permiso.

Presuntamente, la oficina de derechos civiles debe proporcionar una alternativa gratuita al litigio. Cualquiera puede presentar una queja, lo que puede desencadenar una investigación y sanciones a las escuelas que violen la ley federal.

En 2024, la agencia recibió más de 1.000 quejas relacionadas con violencia o acoso sexual, según un informe anual.

No se sabe cuántas quejas se han presentado recientemente. El gobierno de Trump no ha presentado cifras más recientes. En conversaciones con la AP, algunos empleados dijeron que los casos se acumulan tan rápidamente que no pueden determinar cuántos tienen que ver con violencia sexual.

En diciembre, el departamento reconoció el retraso en derechos civiles y anunció que decenas de trabajadores despedidos serían reincorporados a la oficina en medio de una impugnación legal a sus despidos. El regreso de los trabajadores ofrece algo de esperanza a quienes tienen quejas de derechos civiles pendientes. Los funcionarios del departamento han prometido seguir presionando por los despidos.

Históricamente, el gobierno federal ha exigido cuentas a escuelas y universidades

Antes de que Trump fuera elegido para su segundo mandato, la oficina tenía más de 300 investigaciones pendientes relacionadas con agresiones sexuales, según una base de datos pública. Se cree que la mayoría de esos casos están inactivos mientras los investigadores priorizan quejas más fáciles, según empleados que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Los detalles de casos pasados subrayan la urgencia del trabajo.

En 2024, la oficina tomó medidas contra un sistema escolar de Pensilvania después de que una niña con discapacidad le dijera al personal que había sido tocada sexualmente por un conductor de autobús. Se le volvió a asignar el autobús de ese conductor esa misma tarde, además de los dos días siguientes. Se exigió al distrito que designara un coordinador del Título IX para sus escuelas, revisar quejas anteriores y considerar una compensación para la familia de la niña.

Ese año, la oficina exigió cambios en una escuela de Montana donde un niño fue inmovilizado por otros estudiantes y agredido después de una práctica de lucha. Los estudiantes fueron suspendidos por tres días después de que los funcionarios escolares lo trataran como un caso de novatadas y no de agresión sexual.

En otro caso, la oficina se puso del lado de un estudiante de la Universidad de Notre Dame que había sido expulsado por acusaciones de mala conducta sexual. El estudiante señaló que la universidad nunca le dijo exactamente de qué se le acusaba y se negó a entrevistar a los testigos que él presentó.

Los casos que reciben atención de la oficina federal se manejan según reglas federales creadas durante el primer mandato de Trump. Esas reglas fueron diseñadas para fortalecer los derechos de los estudiantes acusados de mala conducta sexual.

Los abogados que trabajan con estudiantes acusados ven pocas mejoras.

Justin Dillon, un abogado de Washington, dijo que algunas de sus quejas recientes han sido abiertas para investigación. Les dice a los clientes que no esperen resultados rápidos. Incluso antes de los despidos, los casos podían prolongarse durante años, afirmó.

Otros abandonaron la oficina hace años. La firma nacional de abogados LLF dijo que dejó de presentar quejas en 2021 a favor de demandar directamente a las escuelas. Los abogados de la firma dijeron que la oficina se volvió incapaz de ofrecer resultados oportunos, lo que no hizo más que empeorar con los despidos.

Las quejas pueden resolverse de varias maneras. Pueden ser desestimadas si no cumplen con los requisitos legales. Muchas van a mediación, similar a un acuerdo. Algunas terminan en acuerdos voluntarios de las escuelas, con planes para rectificar los errores pasados y prevenir los futuros.

En 2024, durante el mandato de Biden, la oficina logró 23 acuerdos voluntarios de escuelas y universidades en casos de violencia sexual, según una base de datos pública. En 2018, en el primer mandato de Trump, hubo 58. Desde que Trump asumió el cargo nuevamente el año pasado, no ha habido ninguno.

El desmantelamiento de la Oficina de Derechos Civiles es un golpe para Laura Dunn, una abogada de derechos civiles que fue una figura influyente para lograr que la administración demócrata del presidente Barack Obama convirtiera en una prioridad la agresión sexual en los campus. A medida que el tema ganó atención pública, la oficina comenzó a recibir cientos de quejas al año.

“Todo el progreso que los sobrevivientes han logrado al compartir su historia se está perdiendo”, dijo Dunn, quien ahora es candidata demócrata al Congreso en Nueva York. “Literalmente, estamos perdiendo avances en derechos civiles en Estados Unidos, y nos está haciendo retroceder más de 50 años.”

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.