Demandan a gobernador de Texas por extradición de agente del ICE involucrado en tiroteo

ST. PAUL, Minnesota (AP) — El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, ha iniciado una demanda contra el gobernador de Texas, Greg Abbott, para exigir la extradición de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acusado de herir a un hombre y posteriormente mentir sobre el incidente durante una operación en Minneapolis.

En este proceso legal, Ellison solicita a un juez federal que impida que el jefe policial del condado de Cameron, Texas, libere al agente Christian Castro, y que ordene a Abbott que firme la orden de extradición, permitiendo así que las autoridades de Minnesota asuman la custodia de Castro.

Las tensiones entre Minnesota y el gobierno federal han surgido en torno a la jurisdicción para investigar y procesar a agentes federales por acciones cometidas durante el cumplimiento de su deber. Ellison, quien es demócrata, se enfrenta a Abbott, un republicano que apoya al expresidente Donald Trump.

Castro fue arrestado en mayo por cargos de agresión y de denunciar falsamente un delito, relacionados con un incidente ocurrido el 14 de enero, en el que Julio Cesar Sosa Celis resultó herido. Los fiscales alegan que Castro disparó a través de la puerta de una vivienda en Minneapolis, hiriendo a Sosa Celis en la pierna, mientras que la bala quedó incrustada en la pared de un dormitorio infantil. Posteriormente, Castro acusó falsamente a Sosa Celis y a otro hombre de haberlo atacado con un mango de escoba y una pala de nieve.

Funcionarios de Minnesota temen que el agente del ICE pueda huir

Ellison expresó en una conferencia de prensa que, si Castro no es extraditado, podría ser liberado la próxima semana, 90 días después de su detención, según la ley de Texas. Advirtió que si eso ocurre, Castro podría escapar hacia México desde la ciudad fronteriza donde se encuentra recluido. En la demanda, se menciona que Castro ha estado haciendo llamadas desde la cárcel a una mujer en México, hablando de planes para casarse y comprar una casa en ese país tras su liberación.

"Christian Castro ha sido acusado de violar la ley en Minnesota", afirmó Ellison. "Debe enfrentar la justicia en Minnesota. El gobernador Abbott debió haber concedido hace mucho tiempo la solicitud de extradición del gobernador Walz y ahora está obligado a hacerlo".

En la demanda presentada por Ellison ante el Tribunal Federal de Distrito en Texas, se menciona un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1987 que establece que el cumplimiento de la cláusula de extradición de la Constitución es obligatorio, dejando sin discreción al gobernador del estado donde se encuentra detenido un acusado.

Hasta el momento, no está claro si Castro cuenta con un abogado que pueda representarlo. Los registros judiciales en línea en Minnesota y los registros de la cárcel del condado en Texas no indican la presencia de un abogado defensor. La cárcel donde está recluido se negó a transmitir un mensaje de The Associated Press.

La oficina de Abbott, en un comunicado, indicó que no comentaría sobre "asuntos de extradición pendientes". La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, consideró que la acción legal para forzar la extradición de Castro "debería ser una demanda completamente innecesaria", destacando que los funcionarios de la cárcel y los fiscales en Texas han sido "muy cooperativos", y que una extradición "no se supone que sea controvertida". La oficina del jefe de policía del condado de Cameron, Manny Trevino, también declinó hacer comentarios sobre el caso.

Agencia federal ha calificado el procesamiento del agente como una "maniobra política"

Las autoridades han declarado que Sosa Celis recibió el disparo luego de que Castro y otro agente persiguieran a un hombre, Alfredo Alejandro Aljorna, hasta el dúplex donde ambos vivían. Tanto Sosa Celis como Aljorna estaban legalmente en Estados Unidos, según las autoridades de Minnesota. Las autoridades federales inicialmente acusaron a Sosa Celis y Aljorna de agredir a un agente, pero un juez federal desestimó los cargos. Posteriormente, el ICE y el Departamento de Justicia iniciaron una investigación para determinar si los agentes mintieron sobre lo sucedido.

A pesar de esto, el Departamento de Seguridad Nacional ha calificado el procesamiento de Castro por parte de Moriarty como "ilegal y nada más que una maniobra política", argumentando que solo las autoridades federales tienen jurisdicción en este caso. La postura del gobierno federal ha sido similar tras el tiroteo de Renee Good y Alex Pretti durante un aumento de operativos en Minneapolis. Moriarty había demandado al gobierno de Trump para obtener acceso a pruebas en esos casos antes de que los fiscales federales las entregaran el mes pasado.

"El gobernador Abbott ha mantenido comunicación con nosotros de manera continua, incluso recientemente", afirmó Ellison. "Debemos asumir que se están negando a respetar la solicitud de extradición".