Defensoría colombiana pide acciones urgentes en más de 200 municipios en alto riesgo electoral

BOGOTÁ (AP) — La Defensoría del Pueblo colombiana advirtió el martes que más de 200 municipios en Colombia necesitan acciones urgentes por posibles vulneraciones a los derechos de las poblaciones y candidatos durante las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

La entidad estatal clasificó por nivel de riesgo a los 1.122 municipios que tiene Colombia, haciendo llamados a la acción inmediata en 62 de ellos —donde el riesgo se ha materializado— y a la acción anticipada ante probable riesgo en 162 municipios. En un nivel menor están otros 425 municipios por “riesgo latente”.

“Ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de realizar elecciones. Se trata de advertencias técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías”, aseguró la defensora del Pueblo, Iris Marín, en un comunicado.

Sin embargo, el Ministerio del Interior señaló el lunes un menor número de municipios en riesgo al señalar que se trata de 104, asegurando que se da especialmente donde hay producción y cultivo de cocaína.

La precampaña electoral en Colombia ha tenido como máxima acción violenta el ataque a tiros al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en junio durante un mitin político en Bogotá. Dos meses después, falleció en un hospital. Las autoridades aún investigan el móvil del ataque y los autores intelectuales.

La Defensoría del Pueblo indicó en la alerta temprana que divulgó que, además de Uribe Turbay, han registrado el homicidio de un candidato a un Consejo de Juventudes, el atentado contra un candidato del partido Comunes —creado por exguerrilleros que firmaron la paz— y el secuestro de otro candidato al consejo, hechos ocurridos en el noroeste y suroeste del país.

Marín señaló durante la presentación de la alerta en Bogotá que los escenarios de riesgo se dan especialmente durante la campaña, previo al día de las votaciones, usualmente con amenazas. Indicó que buscan que los candidatos y comunidades reciban protección estatal antes, durante y después del proceso electoral.

Entre los riesgos en el proceso electoral, la Defensoría subrayó los que generan las “dinámicas de hegemonía, consolidación, coexistencia o disputa territorial” de los grupos armados ilegales que persisten en Colombia, pese a que el Estado firmó un acuerdo de paz histórico en 2016 con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Los grupos armados suelen ejercer presiones, prohibir o permitir sólo algunas candidaturas que ellos avalen en las comunidades donde hacen presencia, indicó la entidad con base en anteriores procesos electorales.

También resaltó que los señalamientos públicos en algunas candidaturas y sectores sociales generan un clima hostil y peligroso.

“Ese lenguaje y ese ambiente inflamatorio en el proceso electoral, en el campo de la contienda política, puede alentar o legitimar acciones armadas de grupos que sí tienen intereses violentos en las elecciones”, aseguró Marín durante la presentación del informe.

La Defensoría también identificó como un factor de riesgo la presencia estatal desigual entre las zonas urbanas y rurales, siendo la última la más débil, por lo que pidió fortalecer la articulación entre las instituciones estatales para proteger a la población.