Defensores de derechos humanos solicitan a la ONU detener la práctica del ICE de ocultar detenidos

Defensores de derechos humanos solicitaron el miércoles a un panel de las Naciones Unidas que actúe para poner fin a una nueva práctica del gobierno de Estados Unidos que implica ocultar a familias y abogados el paradero de miles de detenidos que enfrentan la deportación. El 15 de septiembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) eliminó de su Sistema en Línea de Localización de Detenidos los nombres de personas con órdenes finales de expulsión, en un aparente intento de acelerar sus deportaciones. Este cambio, que el ICE no anunció ni explicó, afecta a más de 16.000 de los casi 69.000 detenidos que están bajo custodia de la agencia.

La medida ha dificultado que los detenidos puedan impugnar deportaciones inminentes, obstaculizando el acceso a sus abogados y causando estragos en las familias que han perdido el rastro de sus seres queridos, según indican abogados de inmigración. Una coalición de más de 30 grupos que defienden a personas no ciudadanas en Estados Unidos presentó una petición ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, solicitando que se declare que esta política viola el derecho internacional y que se impulse su terminación.

"Un sistema sin transparencia es un sistema sin rendición de cuentas, y eso debería aterrarnos a todos", afirmó Sarah Decker, abogada del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy y firmante de la petición. "Hacer desaparecer a personas dentro de una red de centros de detención remotos, ocultar su paradero y cortarles el acceso a ayuda externa es la definición de una desaparición forzada".

Más de 45 demócratas de la Cámara de Representantes, liderados por las representantes Luz Rivas y Veronica Escobar, instaron al ICE a restablecer los nombres en el localizador, considerando que esta práctica es "contraria a los principios fundamentales del sistema legal estadounidense".

La agencia matriz del ICE negó que sus prácticas equivalgan a hacer desaparecer a personas, afirmando que todos los detenidos "tienen oportunidades de comunicarse con sus familiares y abogados". El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró en un comunicado que "el proceso adecuado para un extranjero ilegal con órdenes finales de deportación es la expulsión, simple y llanamente", añadiendo que se respeta el debido proceso conforme a la Constitución de Estados Unidos.

Generalmente, los detenidos pueden llamar a sus familiares si tienen fondos en sus cuentas de economato, y las llamadas a sus abogados deben ser gratuitas. Cerca de 1,4 millones de personas en Estados Unidos están sujetas a órdenes finales de expulsión, lo que significa que un juez de inmigración determinó que deben ser deportadas y que la decisión fue confirmada o no apelada. Sin embargo, tienen varias opciones legales para impugnar su detención y deportación, y jueces federales han dictaminado miles de veces que deben ser liberados o que se les concedan audiencias de fianza.

La petición ante la ONU señala que la política ha "impedido que los abogados accedan a sus clientes en detención, frenando intervenciones para solicitar auxilio migratorio, impugnar detenciones inconstitucionales e impedir deportaciones ilegales". Se mencionan casos de detenidos, como una madre y su hija de 7 años que impugnaban su detención en Texas, pero perdieron el acceso a sus abogados al enfrentar la deportación a Venezuela. Solo después de que un juez ordenó al ICE que revelara su paradero, la agencia lo hizo —18 horas después— y las liberó de la custodia, según la petición.

Un hombre reportó un intenso estrés y que "los pensamientos más oscuros imaginables" pasaron por su mente tras la eliminación abrupta del paradero de su madre anciana con discapacidad del sistema, de acuerdo con la petición. Además, se indica que el localizador en línea del ICE, lanzado en 2010, se ha convertido en "una herramienta aún más crucial" a medida que el gobierno del presidente Donald Trump lleva a cabo una amplia campaña para arrestar y deportar a personas que están en Estados Unidos ilegalmente. La petición solicita al grupo de la ONU que inste al ICE a publicar de manera abierta la ubicación de todos los detenidos dentro de la siguiente hora después de su arresto y a avisar a los abogados con 24 horas de antelación antes de un traslado.

El grupo de la ONU, formado en 1980, ayuda a las familias a localizar a seres queridos que han sido sometidos a desaparición forzada por agentes gubernamentales. Actualmente está presidido por Grazyna Baranowska, de Polonia.