De la Espriella denuncia presión de grupos armados en Colombia tras elecciones

BOGOTÁ — El candidato conservador colombiano Abelardo de la Espriella solicitó el martes a la fiscalía que inicie una investigación sobre la presunta presión ejercida por grupos armados ilegales durante la primera vuelta presidencial en aproximadamente un centenar de municipios donde el candidato progresista Iván Cepeda logró una alta votación.

En un comunicado, De la Espriella afirmó que el fenómeno conocido como "voto fusil" representa una práctica que no se ajusta a los principios democráticos, ya que implica obligar a los ciudadanos a votar bajo amenazas, coerción armada o control territorial.

La denuncia se fundamenta en un análisis realizado en 109 municipios de los departamentos de Cauca y Nariño, al suroeste del país, así como en Chocó, en el occidente, donde Cepeda superó el 70% de los votos. Estos territorios, en su mayoría, están catalogados como de riesgo electoral por la estatal Defensoría del Pueblo, como detalló De la Espriella.

Consultados por la prensa, Cepeda y su equipo de campaña no ofrecieron de inmediato una respuesta sobre si tenían conocimiento de que los grupos armados ilegales habían ejercido presión para votar a su favor.

En la primera vuelta, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, alcanzó el 43,73% de los votos, mientras que Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, obtuvo el 40,91%, según los resultados del escrutinio. Ambos candidatos se enfrentarán en un balotaje programado para el 21 de junio.

Durante este proceso electoral, ambos candidatos han intercambiado acusaciones sobre irregularidades, incluyendo la supuesta compra de votos. Cepeda, por su parte, también acusó a De la Espriella de estar "fraguando un montaje para realizar un autoatentado" con el objetivo de influir en los resultados de las elecciones.

La campaña de De la Espriella reconoció en su comunicado que los datos por sí solos no constituyen una "prueba definitiva de responsabilidad penal", pero instó a que se realice una investigación debido a la coincidencia de estas cifras con territorios bajo la influencia de grupos armados ilegales.

El riesgo de violencia por parte de grupos ilegales en múltiples municipios del país fue advertido a lo largo de la campaña electoral tanto por la Defensoría del Pueblo como por la Misión de Observación Electoral, una organización no gubernamental dedicada a la supervisión electoral desde hace más de dos décadas.

Las autoridades informaron que, a pesar de las tensiones, las votaciones transcurrieron de manera pacífica, aunque se registraron casos de presunta compra de votos y se abrió una investigación por la supuesta presión de armados en Nariño.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reportó denuncias de coacción a los votantes por parte de "autoridades y grupos armados ilegales, así como indicios de uso indebido de recursos públicos", aunque no vinculó estas acciones con el apoyo a un candidato específico.