Culminan dos años de batalla legal: retiran cargos a manifestantes propalestinos en California

Una prolongada disputa legal de dos años en torno a una significativa protesta contra la guerra en Gaza llegó a su fin el pasado viernes. En esta ocasión, siete manifestantes que habían bloqueado el tráfico en el icónico puente Golden Gate fueron inicialmente condenados a 30 días de prisión y a pagar multas de 1.000 dólares.

El 15 de abril de 2024, más de 24 activistas interrumpieron varios carriles de tráfico en el puente, en un contexto de creciente tensión tras seis meses del inicio del conflicto en Gaza. La fiscal del distrito de San Francisco, Brooke Jenkins, había presentado cargos contra 26 de los manifestantes, mientras que a la mayoría se les ofreció una salida alternativa que incluía multas y trabajo comunitario. Sin embargo, contra siete de ellos se formularon acusaciones más severas, incluyendo conspiración por delito grave.

De los acusados, seis se habían encadenado entre sí para obstaculizar el tránsito, mientras que una séptima persona, Sara Cantor, actuó como enlace con las fuerzas policiales. Tras un juicio que se extendió por dos semanas y media, el jurado no logró un veredicto unánime sobre los cargos más graves, pero sí declaró a los manifestantes culpables de varios delitos menores, tales como obstrucción de una vía pública y reunión ilegal.

La oficina de Jenkins había contemplado la posibilidad de un nuevo juicio sobre los cargos de conspiración. Sin embargo, la fiscal adjunta Angela Roze anunció el viernes que se retirarían todos los cargos restantes.

Jordan Harger, uno de los 19 acusados que se benefició de una salida alternativa, expresó su alivio ante la decisión. "Estábamos absolutamente preocupados de que hubiera un nuevo juicio", comentó Harger, quien también señaló que las decisiones de Jenkins han sido duras a lo largo del proceso.

Cada uno de los siete manifestantes recibió una condena de 30 días, que podría incluir tiempo en la cárcel y en un programa laboral, así como seis meses de libertad condicional. También se les impuso una multa de 1.000 dólares, aunque se les acreditará el tiempo cumplido en la cárcel durante los cuatro días que pasaron detenidos antes del juicio.

Los abogados de los acusados planean apelar los veredictos. Durante el juicio, Roze argumentó que los manifestantes causaron pérdidas significativas en peajes al puente y provocaron inconvenientes a los residentes del Área de la Bahía. Algunos automovilistas perdieron citas médicas y reuniones laborales debido a la protesta.

Los acusados defendieron su actuación, indicando que su protesta fue parte de un esfuerzo global para detener la guerra en Gaza. "El poder ejecutivo nos estaba fallando por completo", manifestó Ferrell en el estrado, subrayando que no tenían otra opción ante la inacción gubernamental.

Jenkins expresó su apoyo al discurso civil y a los derechos de la Primera Enmienda, pero enfatizó que los actos que comprometen la seguridad pública deben tener consecuencias. Además, agregó que espera que las condenas actúen como un elemento disuasorio para futuros actos de desobediencia civil.

A pesar de que los acusados podrían haber enfrentado años de prisión por las múltiples condenas por delitos menores, Harger describió las penas como devastadoras, señalando que los días en la cárcel mostraron las malas condiciones de las prisiones locales.

Los cargos presentados por la oficina de Jenkins fueron inusuales para actos de desobediencia civil en San Francisco, donde protestas previas no habían conducido a acusaciones severas.