Creciente minería ilegal en la Amazonía brasileña por el aumento del precio del oro

SAO PAULO — La reciente escalada en los precios del oro ha reavivado la minería ilegal en la selva amazónica de Brasil, intensificando la deforestación en áreas protegidas y elevando los niveles de contaminación por mercurio, según indican expertos y funcionarios.

Un informe divulgado el martes por la organización no gubernamental Amazon Conservation, en colaboración con el Instituto Socioambiental, revela que los sitios de minería ilegal han promovido la tala rasa en tres áreas de conservación en la región del Xingu, una de las mayores zonas de bosque protegido a nivel global, que abarca los estados de Pará y Mato Grosso. Este estudio combina imágenes satelitales con investigaciones de campo.

La Estación Ecológica Terra do Meio reportó sus primeros casos de minería ilegal en septiembre de 2024. Para finales de 2025, la deforestación asociada a la minería se había extendido a 30 hectáreas (74 acres). En el Bosque Nacional de Altamira, la minería ilegal acumuló 832 hectáreas (2.056 acres) de deforestación entre 2016 y septiembre de 2025. Un nuevo frente minero que se abrió en 2024 se expandió a 36 hectáreas (89 acres) hasta octubre de 2025, representando casi la mitad de la deforestación relacionada con la minería en la unidad durante ese año.

El monitoreo satelital también identificó el año pasado una pista clandestina utilizada por mineros ilegales en la Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo. La minería ilegal en esta reserva creció de 2 hectáreas (5 acres) a al menos 26,8 hectáreas (66 acres) en 2025.

En 2023, Amazon Conservation se asoció con Earth Genome y el Pulitzer Center para crear Amazon Mining Watch, una plataforma que utiliza imágenes satelitales para rastrear la minería en toda la Amazonía desde 2018. Desde entonces, se han despejado aproximadamente 496.000 hectáreas (1.225.640 acres) de selva tropical para la minería, de las cuales cerca de 223.000 hectáreas (551.045 acres) se encuentran en la Amazonía brasileña. Se estima que el 80% de la deforestación vinculada a la minería en Brasil ocurre de manera ilegal.

A pesar de que la minería representa un factor relativamente menor en la deforestación en Brasil, donde la pérdida de bosque está mayormente asociada a la expansión del agronegocio, la situación sigue siendo alarmante. En 2025, se despejaron alrededor de 579.600 hectáreas (1.432 acres) de la Amazonía brasileña, de las cuales aproximadamente 17.000 hectáreas (42.000 acres) estaban relacionadas con la minería, según datos de Mining Watch.

“Lo que hace que la minería sea particularmente problemática es que apunta a áreas protegidas y territorios indígenas”, afirmó Matt Finer, director del programa de monitoreo de la Amazonía de Amazon Conservation.

En 2023, las autoridades brasileñas implementaron una ofensiva contra la minería ilegal en el territorio indígena yanomami, en el estado de Roraima, tras un repunte que derivó en una crisis humanitaria y sanitaria. Aunque se ha reducido la creación de nuevas áreas minadas, la minería ilegal persiste en otras zonas. El fiscal federal André Luiz Porreca describió los esfuerzos como un “juego del gato y el ratón”.

La minería ilegal de oro es financiada por grandes organizaciones criminales en Brasil, como Comando Vermelho y Primer Comando de la Capital, que operan en alrededor de un tercio de las ciudades de la Amazonía. “Tienen el dinero para financiar estas operaciones. Algunas dragas cuestan hasta 15 millones de reales”, destacó Porreca.

A pesar de los operativos policiales que han aliviado la presión en el territorio yanomami, la minería ilegal se ha intensificado en otras áreas, especialmente en tierras indígenas de la cuenca del río Xingu. La situación más crítica se observa en la tierra indígena kayapó, donde la minería ilegal ha despejado aproximadamente 7.940 hectáreas (19.620 acres) de selva tropical, siendo la mayor área afectada en la Amazonía brasileña.

Los precios récord del oro, impulsados por la búsqueda de activos seguros en medio de la incertidumbre financiera mundial, han proporcionado un fuerte incentivo para la minería ilegal. “Es la lógica de mercado. Con más compradores, hay más gente explotando el oro”, explicó Porreca.

El daño ambiental no se limita a la deforestación. Las operaciones de minería ilegal también vierten mercurio en los ríos, contaminando las vías fluviales y acumulándose en los peces que consumen las comunidades ribereñas e indígenas. Un informe de Porreca ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalló una contaminación generalizada por mercurio en la Amazonía, citando un estudio de Fiocruz que encontró que el 21,3% de los peces vendidos en mercados públicos de la región superaban los límites de mercurio establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Niños de 2 a 4 años consumían mercurio a niveles hasta 31 veces superiores al máximo recomendado.

La minería ilegal en tierras indígenas está prohibida por la ley brasileña. El Ministerio de los Pueblos Indígenas ha declarado que combatir esta actividad es una prioridad del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En tanto, el Ministerio de Medio Ambiente enfatiza que la contaminación por mercurio sigue siendo un problema persistente, y se están ampliando los esfuerzos de monitoreo científico para abordar la situación.