Políticas migratorias
19/05/2025 | 14:15
Redacción Cadena 3
WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema dio luz verde el lunes a la administración de Donald Trump para eliminar las protecciones legales a 350.000 venezolanos, lo que podría llevar a su deportación inmediata.
Con solo un disenso, la decisión de la corte revoca un fallo anterior de un juez federal en San Francisco que sostenía el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, el cual había estado vigente hasta el mes pasado. Los magistrados no proporcionaron justificación, una práctica común en apelaciones urgentes.
El TPS permite que individuos en EE.UU. vivan y trabajen legalmente debido a que sus países están considerados peligrosos por desastres naturales o conflictos internos.
Un tribunal de apelaciones también había negado la solicitud de la administración para suspender la orden durante el proceso judicial en curso.
Este caso es uno de varios que ha presentado la administración Trump ante la Corte Suprema, muchos relacionados con políticas migratorias. Recientemente, el gobierno solicitó que se acabe el permiso humanitario para cientos de miles de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, lo que también los pondría en riesgo de deportación.
El tribunal ha estado en medio de diversas disputas legales sobre los intentos de Trump de deportar rápidamente a venezolanos acusados de ser miembros de grupos delictivos, en virtud de una ley del siglo XVIII conocida como Ley de Enemigos Extranjeros.
La administración ha tomado medidas rápidas para eliminar varias protecciones que han permitido a inmigrantes residir en el país, incluyendo la finalización del TPS para aproximadamente 600.000 venezolanos y 500.000 haitianos. Este estatus se extiende cada 18 meses.
Las protecciones estaban programadas para expirar el 7 de abril, pero el juez Edward Chen emitió una pausa al considerar que su finalización podría desbaratar la vida de miles de personas y tener un costo económico significativo.
Chen, designado por el presidente demócrata Barack Obama, determinó que el gobierno no había probado los daños ocasionados por mantener el programa activo.
El Procurador General, D. John Sauer, argumentó representando a la administración que la suspensión de la orden de Chen interfieren con los poderes migratorios y diplomáticos del gobierno.
Adicionalmente, Sauer sostuvo que las personas afectadas por la finalización del TPS podrían tener otras vías legales para intentar permanecer en EE.UU., ya que la decisión de finalizar el programa no conlleva una orden de deportación inmediata.
El TPS fue implementado por el Congreso en 1990 para proteger a personas de naciones afectadas por desastres o conflictos civiles.
La jueza Ketanji Brown Jackson indicó que habría rechazado la apelación de emergencia de la administración.
[Fuente: AP]
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