Corte Interamericana de Derechos Humanos insta a gobiernos a actuar sobre cambio climático

BOGOTÁ, Colombia (AP) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el jueves una opinión consultiva histórica, que conecta las obligaciones en derechos humanos de los gobiernos con su responsabilidad de abordar la amenaza que representa el cambio climático. Este dictamen tiene como objetivo influir en las políticas y litigios a lo largo de América Latina y el Caribe.

Se trata de la primera opinión de este tipo emitida por el principal tribunal de derechos humanos en la región, en respuesta a una solicitud formulada por Colombia y Chile en 2023. Se establece que los Estados tienen el deber, bajo el derecho internacional, de prevenir, mitigar y remediar el daño ambiental que compromete los derechos humanos, mediante la implementación de leyes, políticas y acciones dirigidas a frenar el cambio climático.

La corte estableció una serie de estándares legales, incluyendo el reconocimiento de un derecho humano a un clima saludable, la obligación de prevenir daños ambientales masivos e irreversibles, además de la responsabilidad de proteger los derechos de las generaciones presentes y futuras.

“La corte ha declarado que estamos en una emergencia climática que socava los derechos humanos de generaciones actuales y futuras, y que los derechos humanos deben estar en el centro de cualquier respuesta efectiva”, comentó Nikki Reisch, directora del programa sobre Clima y Energía en el Centro para el Derecho Ambiental Internacional, a The Associated Press.

La opinión aseveró que los estados no solo tienen el deber de evitar el daño ambiental, sino que también deben proteger y restaurar los ecosistemas, basándose en la ciencia y el conocimiento indígena. “Esta es una opinión histórica. No sólo es un hecho jurídico, sino un plan de acción. Este dictamen guiará los litigios climáticos a nivel local, regional y nacional, estableciendo una base para la formulación de políticas climáticas que concrete la legislación local y las negociaciones globales en una obligación legal, no solo en América sino en el mundo entero”, agregó Reisch.

Aunque la opinión no es vinculante, tiene peso legal en muchos países miembros de la Organización de Estados Americanos, y puede influir en la legislación nacional, decisiones judiciales y en la defensa internacional. Se anticipa que los hallazgos de la corte reforzarán las demandas relacionadas con el clima y las reclamaciones en derechos humanos en la región, además de impactar las negociaciones adicionales antes de la COP30, que se realizará en noviembre en Belem, Brasil.

“Los Estados no solo deben abstenerse de provocar daños ambientales significativos, sino que tienen la obligación positiva de adoptar medidas para asegurar la protección, restauración y regeneración de los ecosistemas”, destacó la presidenta de la corte, Nancy Hernández López.

“El desequilibrio en el ecosistema común modifica gradualmente las condiciones para la vida sana de las especies, generando consecuencias de proporciones existenciales que requieren respuestas jurídicas universales y efectivas”, añadió Hernández López.

Esta opinión se enmarca en el creciente activismo indígena en la región, que incluye una cumbre reciente en la Amazonía de Ecuador, donde líderes indígenas se reunieron para exigir la implementación de fallos judiciales que reconocen sus derechos territoriales y ambientales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, es el principal tribunal de la región para interpretar y hacer cumplir la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sus decisiones, aunque a menudo enfrentan desafíos por su implementación, han sido cruciales en el avance de los derechos indígenas y la protección ambiental en América Latina.

A lo largo de los años, la corte ha responsabilizado a gobiernos por permitir proyectos mineros en tierras indígenas sin la debida consulta, siendo un recurso frecuentemente utilizado por defensores para buscar rendición de cuentas en materia climática. La reciente opinión consultiva se basa en un fallo de 2017 que reconoció el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano fundamental, y ahonda su aplicación en el contexto de la crisis climática.