Corte IDH condena a Honduras por la muerte de una mujer trans en 2004

TEGUCIGALPA — La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó el lunes al Estado de Honduras por la detención "arbitraria" y "discriminación" contra Leonela Zelaya, una mujer trans y trabajadora sexual que fue asesinada en el 2004.

La sentencia de la Corte IDH responsabilizó al Estado hondureño por la falta de la debida diligencia en la investigación de la muerte de Zelaya, cuyo caso estuvo inactivo por 14 años.

"El Estado de Honduras es responsable internacionalmente por las violaciones a los derechos de Leonela Zelaya, debido a las detenciones ilegales y arbitrarias de las que fue víctima los días 20 de enero, 11 de agosto y 2 de septiembre de 2004", y "por el desconocimiento de su identidad y expresión de género durante la investigación de su muerte, ocurrida el 7 de septiembre de ese mismo año", según la Corte IDH.

"El Estado incurrió en responsabilidad como consecuencia de la demora injustificada y la falta de debida diligencia reforzada en la investigación de lo ocurrido a Leonela Zelaya", acotó.

El caso se remonta al 15 de agosto de 2004 cuando Zelaya, de 34 años, fue golpeada por agentes de policía. Posteriormente, el 6 de septiembre, ella salió a trabajar junto con Thalía Rodríguez, con quien vivía en una casa en Tegucigalpa. Rodríguez testificó que no regresaron juntas a la casa y un día después, el 7 de septiembre, alrededor de las 5:00 de la madrugada, el cadáver de Leonela fue encontrado en una vía pública de la capital.

Los médicos forenses determinaron en ese momento que su muerte se produjo con arma blanca.

A criterio de la Corte IDH, Honduras también violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial de Thalía Rodríguez, quien posteriormente también fue asesinada.

"El Tribunal determinó que Thalía Rodríguez, quien convivió con Leonela Zelaya durante nueve años, sufrió una afectación a su integridad personal como consecuencia de la demora injustificada y la falta de debida diligencia reforzada en la investigación", señala la sentencia.

La Procuraduría General de la República dijo en la red social X que compareció de forma virtual al acto de notificación de la sentencia, y señaló que el Estado hondureño "reitera su compromiso con la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, con especial énfasis en los grupos históricamente en situación de vulnerabilidad" y su disposición de cumplir con lo resuelto por la Corte IDH.

La coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, Indyra Mendoza, celebró la sentencia de la Corte IDH. Consideró que "demuestra" que Honduras es un país sumamente violento, basado en el prejuicio, el odio y la discriminación.

"La sentencia del caso de Leonela Zelaya, un crimen ocurrido hace 20 años, es impactante, porque va más allá de la justicia, de lograr una sentencia", dijo Mendoza a The Associated Press. Detalló que en el observatorio de muertes violentas de la Red se contabilizan más de 500 personas asesinadas después de Leonela y que la impunidad es de aproximadamente el 94%.

La Corte ordenó reactivar el expediente e impulsar la investigación y eventual sanción de los responsables de la muerte de Leonela Zelaya; publicar la sentencia, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el que se haga referencia a los hechos y las violaciones declaradas en la sentencia.

La abogada hondureña litigante del caso ante la Corte IDH, Doris González, declaró a la AP que las detenciones sufridas por Zelaya fueron motivadas por la denominada Ley de Policía y Convivencia Social.

"Esa ley le permitía a los policías detener a las personas LGBTIQ+ en base a criterios ambiguos, por el simple hecho de identificarlas como prostitutas, vagabundas o personas sin oficio. La Corte ha identificado que esa ley no debe ser utilizada porque... es contraria a los derechos humanos", expresó.

Refirió que la sentencia reconoce por segunda vez que el Estado de Honduras vulnera los derechos de las personas LGBTIQ+. En 2019, el Estado hondureño también fue condenado por la Corte IDH como responsable por la muerte de Vicky Hernández, mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del "Colectivo Unidad Color Rosa", ocurrida en San Pedro Sula, el 28 de junio de 2009.