Corte filipina condena a periodista por financiamiento de terrorismo y genera críticas

MANILA, Filipinas (AP) — Un tribunal filipino declaró culpable el jueves a una periodista filipina de financiar el terrorismo, en un veredicto que fue condenado por los defensores de la libertad de prensa pero bien recibido por funcionarios anticomunistas que combaten la insurgencia.

La jueza presidenta Georgina Pérez del Tribunal Regional de Primera Instancia en la ciudad central de Tacloban condenó a Frenchie Mae Cumpio y a la misionera de derechos humanos Marielle Domequil —que llevan casi seis años en prisión— por cargos de financiar el terrorismo. Fueron absueltas de cargos separados de posesión ilegal de armas de fuego y explosivos, dijeron funcionarios del tribunal.

Se impusieron penas de prisión de 12 a 18 años a Cumpio y Domequil, quienes podrían apelar los veredictos, dijo Ailene Balatay, la abogada de la secretaria del tribunal.

Los cargos derivan de acusaciones de que Cumpio y Domequil proporcionaron apoyo financiero y de otro tipo a los insurgentes comunistas del Nuevo Ejército Popular en 2019 en la provincia oriental de Samar. Fueron arrestadas en febrero de 2020 bajo cargos de posesión ilegal de un arma de fuego y una granada.

Ambas negaron vehementemente las acusaciones. Los cargos contra Cumpio, de 26 años, han sido descritos por activistas como un nuevo ejemplo de los riesgos que enfrentan los reporteros en Filipinas, considerado uno de los lugares más peligrosos para los periodistas en el mundo.

Reporteros Sin Fronteras y organizaciones aliadas condenaron las condenas como una "clara injusticia" y dijeron que una investigación del grupo de defensa de los medios encontró que los cargos contra ambas eran fabricados.

"La condena de Cumpio representa un fracaso devastador por parte del sistema de justicia filipino y el flagrante desprecio de las autoridades por la libertad de prensa", dijo Aleksandra Bielakowska, gerente de defensa en Reporteros Sin Fronteras, en un comunicado.

"Filipinas debería servir como un ejemplo internacional de protección de la libertad de los medios, no como un perpetrador que señala, procesa y encarcela a periodistas simplemente por hacer su trabajo", dijo el grupo, también conocido por su acrónimo en francés RSF.

En el momento de su arresto en 2020, Cumpio era la directora ejecutiva de un sitio web de noticias provincial y presentadora de noticias de radio que informaba sobre presuntos abusos policiales y militares junto con problemas de bienestar social en el centro-este de Filipinas, dijo RSF.

Cristina Palabay, secretaria general de la coalición izquierdista de derechos humanos Karapatan, dijo que la desestimación por parte del tribunal de los cargos de posesión ilegal de armas de fuego y explosivos "confirma que las acusaciones presentadas por las fuerzas de seguridad del estado fueron fabricadas desde el principio".

"Sin embargo, las mismas mentiras y testimonios falsos se utilizaron para forzar una condena en el caso de 'financiamiento del terrorismo'", dijo.

Irene Khan, la relatora especial de la ONU para la libertad de opinión y expresión, ha expresado consternación por la larga detención preventiva de Cumpio y agregó que los cargos en su contra "después de meses de 'etiquetado rojo', vigilancia, intimidación y acoso, parecen haber sido presentados en represalia por su trabajo como periodista".

Un grupo de trabajo del gobierno filipino que supervisa los esfuerzos para poner fin a las décadas de insurgencia comunista en el país dijo que aquellos que critican el fallo como un acto de intimidación contra periodistas o trabajadores de derechos humanos estaban recurriendo a "una mentira destinada a proteger la responsabilidad criminal con chantaje moral".

"Fueron condenadas por financiar una organización terrorista, simple y llanamente", dijo el subsecretario del grupo de trabajo Ernesto Torres Jr.. "No se lavan fondos terroristas y luego se esconden detrás de la libertad de prensa o la Biblia".

Aquellos que no estén de acuerdo con el fallo deberían considerar una apelación, "no incitación, no propaganda internacional, y no deslegitimar el sistema de justicia", dijo Torres.