Corrupción en Nicaragua: la ONU denuncia financiamiento a la represión política

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno de Nicaragua está utilizando la corrupción no solo como una vía de lucro personal, sino como una herramienta para financiar una represión política sistemática dentro y fuera del país, denunciaron el martes expertos de la ONU en su más reciente informe.

"Fondos públicos destinados a asistencia social y gastos operativos se han desviado sistemáticamente para financiar operaciones de seguridad violentas y grupos armados progubernamentales", declaró Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos, en una conferencia de prensa desde Ginebra.

Simon añadió: "La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen".

Además, el informe destaca que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, copresidentes del país desde enero de 2025, han establecido una red transnacional de vigilancia e inteligencia que involucra al ejército, la policía, las sedes diplomáticas y las autoridades migratorias o de telecomunicaciones para rastrear, intimidar y silenciar a opositores en el exilio.

La ONU ha denunciado en múltiples ocasiones el deterioro de la situación en Nicaragua. A finales del año pasado, alertó que, a raíz de los cambios constitucionales implementados por el gobierno, ya no existe una verdadera división de poderes, se observan violaciones persistentes de derechos humanos, y se ha oficializado el uso de fuerzas paramilitares y del ejército para disuadir, por ejemplo, asambleas.

El grupo de expertos ha profundizado en su investigación. Tras realizar decenas de entrevistas y revisar pagos, correos electrónicos, presupuestos y diversos documentos, identificaron patrones y mecanismos de encubrimiento que permiten desviar fondos públicos para acciones represivas mediante la creación de una estructura paralela dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Según Simon, el informe proporciona rutas concretas para abrir investigaciones e identifica a más de medio centenar de presuntos involucrados, entre ellos Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, actual ministro de Relaciones Exteriores, señalado como líder de la red de vigilancia e inteligencia en el exterior entre 2021 y 2023.

La situación sigue deteriorándose. Después de la captura del venezolano Nicolás Maduro, actualmente enjuiciado en Estados Unidos y aliado de Managua, el gobierno de Ortega-Murillo liberó a algunos prisioneros, pero al menos 60 personas fueron detenidas por apoyar el ataque lanzado por Donald Trump.

Simon recordó que el equipo respalda "cualquier presión (al gobierno nicaragüense) que se base en la legalidad, los derechos humanos y las obligaciones internacionales de Nicaragua" e instó a las autoridades a desmantelar las estructuras represivas.

Este grupo de expertos, que trabaja para la ONU pero actúa de forma independiente, presentará su informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la próxima semana. Se creó en 2022 para investigar presuntas violaciones en el país centroamericano desde la violenta represión de las protestas de 2018, período en el cual la represión no ha cesado.

En los últimos siete años, al menos 1.894 organizaciones han sido ilegalizadas, incluidas 850 organizaciones religiosas y más de 40 entidades educativas, como universidades. El acoso a la oposición ha forzado a decenas de miles de personas a huir del país en busca de asilo, y 452 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad.

Además de una vigilancia extrema sobre estos exiliados, el gobierno ha utilizado el acoso digital, el abuso de mecanismos de la Interpol, la confiscación de propiedades, castigos a familiares, intimidación física y, posiblemente, hasta asesinatos, según denuncias de Reed Brody, otro de los miembros del grupo.

Se han reportado al menos una docena de asesinatos o intentos de asesinato de críticos en el exilio, incluyendo el homicidio del militar retirado Roberto Samcam en Costa Rica en 2025, quien fue un fuerte crítico del gobierno.

"La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen", concluyó Simon.