Confirman la extradición de un líder criminal venezolano vinculado al Tren de Aragua

Buenos Aires, 17 marzo (NA) – La Corte Suprema de Justicia ratificó la extradición de Guillermo Rafael Boscán Bracho, conocido como "Yiyi", uno de los criminales más buscados de Venezuela y vinculado a la organización transnacional Tren de Aragua.

El tribunal superior respaldó la decisión que autorizó el traslado a su país de origen del líder de la Banda del Yiyi, quien enfrenta además un proceso en la justicia federal de Corrientes por delitos relacionados con lavado de activos y financiamiento del terrorismo, según el documento judicial accesible a la Agencia Noticias Argentinas.

Boscán Bracho es acusado en su país de múltiples delitos, incluyendo extorsión agravada, homicidio intencional, terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de armas y obstrucción de la libertad de comercio, y se encontraba entre los diez prófugos más buscados.

El acusado llegó a Argentina utilizando una identidad falsa y se estableció en un country de Santa Ana, Corrientes, junto a su nueva familia, donde inició trámites para obtener documentación local. Fue arrestado en octubre de 2023 por la Policía Federal Argentina tras un trabajo de identificación y seguimiento.

Se presume que desde Argentina continuó dirigiendo su organización, supuestamente implicada en una serie de atentados y asesinatos en Maracaibo y Barranquitas, en el estado de Zulia.

Simultáneamente, la justicia argentina lo investiga junto a otras 12 personas por haber formado parte desde al menos 2019 de una estructura criminal organizada en dos células operativas, dedicadas al lavado de activos y financiamiento de las actividades de la organización en el exterior, con conexiones al Tren de Aragua.

La Cámara Federal de Corrientes ratificó en diciembre los procesamientos con prisión preventiva contra Boscán Bracho y los demás imputados, acusados de tener lazos con esta organización criminal de carácter transnacional.

La Corte, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó los argumentos de la defensa, que había cuestionado la representación legal previa y advertido sobre riesgos para la vida y seguridad del acusado en caso de extradición.

Los jueces consideraron que esos planteos carecían de fundamento y que las objeciones no eran más que una discrepancia con la estrategia defensiva anterior. Asimismo, desestimaron los cuestionamientos sobre la falta de reciprocidad, considerándolos tardíos.

Respecto a la supuesta persecución política, el tribunal subrayó que el país requirente ofreció garantías de respeto al debido proceso y a los derechos humanos, incluida la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles y degradantes.

Finalmente, la Corte indicó que el juez deberá informar al país requirente sobre el tiempo que el acusado estuvo privado de libertad durante el proceso de extradición y actualizar su situación en otros procesos judiciales.