Colombia implementa deportaciones masivas de migrantes en nueva estrategia de seguridad

Buenos Aires, 24 agosto (NA) -- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó hoy en Barranquilla una renovada estrategia de seguridad que incluye la deportación masiva de migrantes en situación irregular en el país.

El mandatario enfatizó que la directiva a Migración es "clara": se deben iniciar operativos coordinados para identificar a los "inmigrantes ilegales", comenzando por aquellos que han cometido delitos y luego a los que no tienen su situación regularizada. De la Espriella afirmó que "en el término de la distancia tendrán que ser deportados".

Además, el presidente anunció que su Gobierno tratará a los grupos armados ilegales como organizaciones terroristas para combatir el crimen organizado de manera más eficaz. "Aquí se acabó esa división. Cuando se trata de combatir el crimen, no hay diferencias en la acción del Estado ni en su respuesta", destacó, criticando a quienes, según él, intentan "proteger a esos bandidos" con categorizaciones que limitan el uso de la fuerza legítima.

Entre las medidas presentadas, se destaca la creación inmediata del Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, que estará compuesto por el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea, en coordinación con la Fiscalía y la Judicatura. También se ordenó la reactivación del sistema de recompensas, la realización de operativos de redadas, y la movilización de redes de cooperantes, así como traslados carcelarios urgentes para evitar que las prisiones se conviertan en centros de extorsión.

De la Espriella también comunicó la formación de cuerpos de élite de fiscales y jueces especializados en cada ciudad y la reactivación de la Unidad de Información y Análisis Financiero, que tendrá acceso a información bancaria del país de los últimos cuatro años.

El presidente subrayó la necesidad de que la Fuerza Pública actúe de manera unificada en la implementación de esta estrategia de seguridad, en contraposición con la política del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), que, según él, careció de coordinación y definición de objetivos.

Este anuncio ha desatado un debate sobre los posibles impactos en derechos humanos, la cooperación internacional y la gestión migratoria, lo cual será monitoreado de cerca por organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de la región.