Cincuenta años después del golpe, la búsqueda de los desaparecidos sigue vigente

TAFÍ VIEJO, Argentina — En un ambiente sombrío, familiares de Eduardo Ramos y Alicia Cerrotta se reúnen en el cementerio municipal de Tafí Viejo para dar un adiós definitivo. Con lágrimas en los ojos, acarician las urnas que contienen los restos de sus seres queridos, mientras uno de ellos susurra: "Ya sabemos dónde están".

En medio de la tristeza por la pérdida y el alivio de cerrar una herida que lleva 50 años abierta, los asistentes depositan las urnas en un mausoleo en este suburbio de San Miguel de Tucumán, a 1.200 kilómetros al norte de Buenos Aires. Posteriormente, un empleado del cementerio sellará el nicho con cemento.

Eduardo, un joven de 21 años, y Alicia, de 27, fueron secuestrados por fuerzas militares poco después del golpe de Estado de 1976, que dio inicio a una de las dictaduras más represivas de Latinoamérica. Según organismos de derechos humanos, el régimen dejó 30.000 desaparecidos, aunque las cifras oficiales hablan de cerca de 8.000. La mayoría de ellos aún permanece en la misma condición.

Desde el regreso a la democracia en 1983, el Estado ha asumido la responsabilidad de juzgar a los responsables de estos crímenes, pero no ha mostrado el mismo compromiso en la búsqueda de los cuerpos de las víctimas. La negativa de los militares a proporcionar información sobre el paradero de los desaparecidos ha dificultado aún más la tarea. Recientemente, los recortes presupuestarios implementados por el presidente Javier Milei en el área de derechos humanos han complicado la situación.

"Dónde están es una pregunta muy vigente a 50 años del golpe", afirmó Sol Hourcade, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien ha participado en juicios de lesa humanidad.

Durante años, Eduardo y Alicia fueron considerados "desaparecidos" hasta que en 2011, un equipo de arqueólogos descubrió sus restos en el Pozo de Vargas, un lugar utilizado en el pasado para cargar locomotoras a vapor. Este hallazgo reveló que los cuerpos de estudiantes, militantes políticos y trabajadores rurales, considerados subversivos, habían sido ocultados allí.

La exhumación y la identificación de los restos tomaron años, y a principios de marzo, la justicia de Tucumán entregó los restos incompletos de Eduardo y Alicia a sus familias. "Al ver las urnas me di cuenta de que para nosotros esto implica un duelo final", reflexionó Ana Ramos, hermana de Eduardo, quien a los 63 años finalmente pudo enterrar a su hermano, a quien vio por última vez cuando tenía 13. "Es lo más liberador que nos ha pasado".

El Pozo de Vargas es considerado la mayor fosa común clandestina de la última dictadura argentina, con un total de 149 víctimas, lo que evidencia la brutalidad del régimen represor.

El golpe y la represión

El golpe de Estado contra la presidenta María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976 fue facilitado por una inflación descontrolada y la violencia política. Durante el régimen militar, la desaparición forzada de personas se convirtió en una estrategia para ocultar los crímenes cometidos. En palabras del exdictador Jorge Rafael Videla, "no había otra solución: era el precio que había que pagar para ganar la guerra".

Los disidentes eran secuestrados y llevados a centros clandestinos de detención, donde eran sometidos a torturas. Los militares utilizaban eufemismos como "traslado" para describir asesinatos a través de fusilamientos o "vuelos de la muerte", donde los prisioneros eran arrojados vivos al mar o al Río de La Plata. La organización Abuelas de Plaza de Mayo estima que 500 recién nacidos fueron adoptados ilegalmente durante este período.

Los cuerpos de los detenidos no eran entregados a sus familiares, sino enterrados en tumbas anónimas o incinerados. La represión fue particularmente intensa en Tucumán, donde se calculan alrededor de 2.000 víctimas.

Armar el rompecabezas

La historia del Pozo de Vargas comenzó como un rumor que se transformó en una pista concreta sobre la posible ubicación de los cuerpos de los desaparecidos. A pesar de que los primeros restos óseos fueron hallados en 2004, las excavaciones no comenzaron hasta 2009 por falta de apoyo estatal. Hasta ahora, se han recuperado 38.000 fragmentos óseos, pero no se han encontrado esqueletos completos.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), fundado por el antropólogo estadounidense Clyde Snow, ha trabajado en la identificación de estas víctimas desde 1984. Hasta la fecha, han identificado a 121 personas, pero aún quedan 28 restos por identificar.

La situación se complica por el silencio de muchos exmilitares, como Juan Manuel Giraud, condenado en 2022 por su participación en la represión. "No puedo pedir perdón por algo que no hice", afirma, mientras la mayoría de los 1.231 miembros de las fuerzas de seguridad condenados por sus acciones durante la dictadura niegan las acusaciones.

La abogada Hourcade considera que la respuesta sobre el paradero de los desaparecidos podría encontrarse en archivos secretos del Estado. "Es una tarea titánica, estamos hablando de toneladas de papeles", agregó.

El presidente Raúl Alfonsín impulsó el juicio a las juntas militares, pero a los pocos años promovió leyes de amnistía que favorecieron a los uniformados de menor rango. En los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se reabrieron cientos de causas, pero el análisis de los archivos se vio afectado desde 2023 con la llegada al poder de Milei, quien ha recortado el presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos.

"Hoy concluye una etapa: recibir y a la vez despedir a Eduardo y Alicia", reflexionó Pedro Ramos, hermano de Eduardo, durante el funeral. "Sólo sé que la pena camina con nosotros para siempre".