Cierra el caso de la jueza Afiuni en Venezuela y se restituye su libertad plena

Buenos Aires, 8 de agosto (NA) - La justicia de Venezuela ha cerrado de manera definitiva el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, quien era considerada una presa política del fallecido presidente Hugo Chávez. La familia de Afiuni anunció su libertad plena este viernes mediante un comunicado.

En el comunicado, Nelson Afiuni, hermano de la magistrada, junto a su representante legal, Thelma Fernández, expresaron que esta resolución "pone fin de manera definitiva al proceso seguido en su contra y restituye plenamente su libertad, cerrando formalmente un caso que nunca debió existir".

La detención de Afiuni se produjo en diciembre de 2009, después de que otorgara la libertad bajo fianza a un banquero. En ese momento, el entonces presidente venezolano pidió públicamente que se le impusiera la pena máxima de 30 años de prisión, acusándola de haber facilitado la fuga del empresario del país.

Afiuni estuvo recluida en un centro penitenciario hasta 2011, cuando se le concedió el arresto domiciliario, y posteriormente obtuvo la libertad condicional en 2013. Sin embargo, en 2019 fue condenada a cinco años de prisión por "corrupción espiritual", un cargo en el que la fiscalía admitió que no hubo beneficio económico para ella.

Hasta la fecha de esta nueva resolución, Afiuni se encontraba bajo un régimen de libertad condicional que le prohibía salir de la ciudad, hablar con los medios y ejercer su derecho al voto, además de tener inhabilitación política y denegación del pasaporte.

Los allegados a la jueza destacaron que el cierre del expediente y la obtención de su libertad absoluta representan "el final de un largo y doloroso capítulo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso".

En su pronunciamiento, subrayaron que "durante años, la juez Afiuni y su familia soportaron las consecuencias de una persecución que trascendió el ámbito personal y se convirtió en un símbolo del deterioro de la independencia judicial en Venezuela". Aclararon que la clausura formal del caso no borra el sufrimiento vivido ni repara los daños ocasionados.

Además, sostuvieron que el proceso judicial "permanece como una advertencia para toda la región sobre las consecuencias de utilizar el sistema de justicia como instrumento de represalia".

Se enfatizó que "ningún juez debe enfrentar prisión, persecución o amenazas por cumplir con su deber", y se expresó la esperanza de que esta decisión impulse una reflexión sobre la independencia judicial en Venezuela, para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.

Este fallo se suma a otras medidas adoptadas este año, que incluyeron la excarcelación de cientos de presos políticos y el levantamiento de restricciones a miles de personas. Las autoridades venezolanas lo han encuadrado dentro de un "nuevo momento" institucional, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado por fuerzas estadounidenses en Caracas.