Chile implementa nuevas medidas tras ataque mortal en colegio

SANTIAGO — Chile ha sido impactado recientemente por un ataque armado en un colegio, donde un estudiante de 18 años asesinó a una inspectora y dejó a cuatro personas heridas. Este suceso, considerado por las autoridades como el primer caso de violencia escolar premeditada, ha generado una ola de amenazas de tiroteos y otros actos violentos en diversas instituciones educativas.

Si bien los ataques armados son poco comunes en el país, se han registrado episodios de violencia escolar y manifestaciones estudiantiles que suelen terminar en disturbios. En los últimos años, la frecuencia y la agresividad de estos incidentes han aumentado considerablemente.

El gobierno del presidente José Antonio Kast, quien asumió hace menos de un mes, se vio forzado a implementar medidas para mejorar la seguridad escolar. Expertos advierten, sin embargo, que es fundamental abordar las causas subyacentes, como la salud mental y el ambiente escolar.

El ataque en el que perdió la vida la inspectora ocurrió el 27 de marzo en la ciudad de Calama. La fiscalía ha calificado este hecho como un acto premeditado y ha imputado formalmente al estudiante agresor, quien se encuentra en prisión preventiva. Según el fiscal Juan Castro Bekios, este fenómeno a menudo involucra listas de objetivos que incluyen a docentes o compañeros identificados como acosadores.

En los días siguientes al ataque, varios colegios reportaron incidentes alarmantes. En Curicó, un alumno de 15 años fue detenido al intentar ingresar a la escuela con un arma de fuego. En Santiago, un grupo de estudiantes lanzó bombas caseras dentro de un liceo, provocando un incendio.

Ante el aumento de amenazas, al menos dos colegios en la región de Valparaíso suspendieron actividades. Un instituto en la capital tuvo que cerrar después de que estudiantes lanzaron al menos 15 bombas molotov, siendo contenidos por la policía. El presidente del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, señaló que el ataque de Calama provocó un efecto de imitación y puso de manifiesto un problema que ya existía.

El gobierno ha acelerado la implementación de medidas para frenar la violencia. Las denuncias por problemas de convivencia escolar se duplicaron, pasando de 8.811 en 2019 a 17.076 en 2025, según la Superintendencia de Educación. Para abordar esta situación, se publicó la nueva ley de convivencia escolar, que establece una Política Nacional de Convivencia Educativa y la creación de canales seguros de denuncia, además de permitir el uso de tecnología como detectores de metales.

Además, Kast presentó dos proyectos de ley al Congreso para modificar el Código Penal, con el objetivo de aumentar las penas por delitos en el ámbito escolar y otorgar mayores poderes a los docentes. Estas propuestas incluyen la autorización para revisar mochilas y pertenencias personales, así como sanciones para estudiantes que interrumpan las clases y la prohibición de accesorios que impidan la identificación facial.

El presidente Kast enfatizó la urgencia de legislar rápidamente, advirtiendo que "Chile no puede esperar a que ocurra otro hecho violento" como el de Calama. "Este gobierno fue elegido para recuperar el orden y la autoridad", afirmó.

Sin embargo, algunos expertos critican que las medidas son insuficientes, argumentando que se deben abordar problemas más profundos, como la salud mental y el modelo educativo. Aguilar instó a crear políticas que aborden las causas de la violencia en las escuelas, destacando la crisis de salud mental que afecta a los estudiantes y la desigualdad social que ha aumentado en el país.