CGT impugna reforma laboral de Milei por inconstitucionalidad ante la justicia

BUENOS AIRES — En un contexto de creciente tensión laboral, la principal central sindical argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), ha interpuesto una demanda judicial por la presunta inconstitucionalidad de la reforma laboral recientemente aprobada por el Congreso. Esta reforma, impulsada por el presidente ultraliberal Javier Milei, representa la primera modificación significativa del mercado laboral en más de cincuenta años.

La CGT argumenta que la nueva ley afecta gravemente los derechos colectivos e individuales de los trabajadores, violando principios fundamentales consagrados en la Constitución. En su comunicado, la central sindical enfatiza que "esta ley significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales que violan expresamente principios constitucionales". La denuncia fue presentada en los tribunales de Buenos Aires, con el respaldo de varias agrupaciones gremiales que se movilizaron hasta el Palacio de Tribunales para mostrar su apoyo.

El Senado, en una sesión que contó con el respaldo de oficialismo y aliados, aprobó el proyecto de Modernización Laboral, que modifica aspectos clave como la base de cálculo de las indemnizaciones, limita el poder de negociación de los sindicatos en cuestiones salariales y permite jornadas laborales de hasta 12 horas, en lugar de las ocho actuales.

Esta reforma ha sido largamente solicitada por sectores empresariales y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que considera vital su implementación para atraer inversiones extranjeras y mejorar la productividad en un país donde cerca del 40% de los trabajadores se encuentra en la informalidad.

Los gremios, que previamente habían logrado bloquear intentos de reformas laborales en administraciones anteriores, sostienen que la nueva normativa es inconstitucional ya que atenta contra derechos laborales adquiridos. En su presentación, argumentan que infringe el principio de progresividad, que establece que los derechos laborales no pueden retroceder, así como el principio protectorio, que busca equilibrar la relación entre empleador y empleado y prevenir abusos.

La CGT señala que los perjuicios derivados de esta reforma no son consecuencias colaterales de una decisión aislada, sino que están alineados con el programa económico-social del gobierno actual. Desde la asunción de Milei a fines de 2023, más de 300.000 empleos se han perdido, lo que ha generado un clima de preocupación entre los trabajadores.

La justicia ahora debe determinar si acepta o rechaza la demanda de la CGT, lo que podría resultar en la suspensión de la reforma hasta que se resuelva la cuestión de fondo.