Byron Donalds, candidato a gobernador de Florida, busca regular costos de servicios públicos por IA

WASHINGTON — El congresista republicano Byron Donalds, quien aspira a la gobernación de Florida, presentó el lunes un proyecto de ley con el objetivo de evitar que los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial generen un aumento en los costos de servicios públicos. Esta iniciativa se enmarca dentro de una creciente respuesta política ante los desafíos que presenta la nueva tecnología.

La legislación, que deberá ser aprobada por el Congreso, estipula que los centros de datos deben abastecerse de electricidad y agua exclusivamente de fuentes privadas, eludiendo así las redes eléctricas y sistemas públicos de agua. Este enfoque se asemeja a una propuesta anterior y voluntaria impulsada por el expresidente Donald Trump.

"Si hablas con los desarrolladores de estos centros de datos, verás que están dispuestos a asumir los costos de los servicios públicos si eso significa que pueden construir sus instalaciones. Es crucial que sus facturas no se vean afectadas en el proceso", afirmó Donalds en una entrevista con The Associated Press.

La propuesta es notable dado que proviene de un candidato respaldado por comités de acción política que favorecen la inteligencia artificial y por Trump. Esta legislación se presenta en un contexto de rápida expansión de los centros de datos, impulsados por la creciente demanda de sistemas de inteligencia artificial. Las grandes empresas tecnológicas que lideran este auge se han convertido en algunas de las más valiosas y vigiladas del mundo, mientras que el gobierno de Trump ha colaborado estrechamente con los actores más influyentes de la industria.

Varias empresas tecnológicas que desarrollan infraestructura para inteligencia artificial han acordado con el gobierno de Trump cubrir los costos de nuevas fuentes de energía, evitando así trasladar la carga a los hogares. Sin embargo, la creciente demanda genera incertidumbre sobre la viabilidad de este acuerdo voluntario.

El frenético ritmo de construcción y la importancia de la tecnología han generado inquietud entre los ciudadanos. En Florida, más de 20 condados y municipios han decidido rechazar la construcción de grandes centros de datos, y algunos han impuesto moratorias de al menos un año. Residentes y líderes locales mencionan como razones principales de estas pausas el temor a un aumento en las facturas de servicios públicos, la alteración de la comunidad y el impacto ambiental.

"Las empresas han estado un paso atrás y no se han dado cuenta de lo rápido que están cambiando las circunstancias", comentó Matt Gorman, estratega republicano. Según él, tanto activistas climáticos progresistas como conservadores populistas han adoptado la cuestión de los centros de datos, lo que obliga a las empresas tecnológicas a "contar una mejor historia" y abordar las preocupaciones de un amplio espectro político.

Donalds busca suceder al gobernador Ron DeSantis, quien en mayo firmó una ley que exige a los centros de datos a gran escala cubrir sus propios costos de energía y agua. En caso de ser elegido, Donalds se compromete a mejorar la eficiencia de estos centros y a alejarlos de las zonas pobladas.

"Nuestro objetivo es asegurarnos de que, si se construyen, lo hagan de manera eficiente, protegiendo a los usuarios que pagan y cuidando el agua de Florida", destacó Donalds. "La verdadera pregunta de política pública es cómo generaremos la energía necesaria para satisfacer las futuras demandas, ya sea para centros de datos o para cualquier otra necesidad".

Por su parte, James Fishback, un candidato republicano de extrema derecha, ha centrado su campaña en la oposición a los centros de datos. Asimismo, David Jolly, excongresista y principal candidato demócrata a gobernador, ha solicitado una moratoria en la construcción de estas instalaciones.

Según Travis Fisher, investigador del Instituto Cato, las empresas cotizadas presionan por obtener los mejores acuerdos en servicios públicos. Cualquier disposición a asumir facturas más altas refleja la presión política que enfrentan las empresas tecnológicas.

"Tienen un gran temor a perder su licencia social para operar, como si pudieran ser expulsadas de la ciudad", concluyó Fisher.