Brasil exige a Meta garantizar equidad en la difusión de contenidos políticos antes de las elecciones

Buenos Aires, 19 octubre (NA) — El juez Marco Aurélio Bellizze, del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, ha dado un plazo de 24 horas a la empresa tecnológica Meta, que es propietaria de plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram, para que demuestre que ha implementado medidas que aseguren la equidad en la distribución de contenidos políticos, esto en el marco de la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el próximo 25 de octubre.

El magistrado Bellizze subrayó que los plazos establecidos por el TSE ya habían vencido y que no corresponde a la empresa global fijar sus propios plazos, distintos a los que fueron establecidos por el tribunal, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

"La sustitución unilateral de los plazos fijados por el juzgado equivale a un incumplimiento, sobre todo en un proceso que depende del tiempo", se lee en la resolución emitida.

Si la empresa no logra demostrar el cumplimiento de las medidas ordenadas por el TSE, la multa diaria ascenderá de 500.000 reales (aproximadamente 100.000 dólares) a un millón de reales (200.000 dólares).

La semana pasada, el TSE atendió una solicitud del equipo de campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección, al acusar a Meta de restringir de manera selectiva las publicaciones relacionadas con preferencias políticas, así como de incumplir con las obligaciones establecidas en la legislación electoral.

El equipo de campaña también ha manifestado preocupaciones sobre limitaciones en la difusión de mensajes de campaña y posibles diferencias en el trato otorgado a los distintos candidatos, según información de Xinhua.

Por su parte, representantes del candidato opositor, Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), también han presentado reclamos sobre afectaciones en la difusión de sus contenidos.

Entre las solicitudes se incluye un análisis de los anuncios de las dos candidaturas que compiten por la Presidencia, la investigación de posibles redes de perfiles falsos o no auténticos, y la presentación de informes sobre contenidos producidos o alterados artificialmente.

El juez electoral ha ordenado que la empresa presente informes en portugués y de manera individual sobre los anuncios políticos, así como que verifique las medidas que ha tomado respecto a las restricciones impuestas.

Según la decisión, uno de los informes entregados contenía términos en idioma extranjero y no diferenciaba claramente entre las medidas adoptadas por orden judicial y las que la empresa había tomado por iniciativa propia.