Bolivia refuerza seguridad ante violencia, pero descarta estado de excepción

Buenos Aires, 19 mayo (NA) — El Gobierno de Bolivia ha decidido no establecer un estado de excepción a pesar de la creciente violencia en La Paz, y ha optado por incrementar el despliegue de fuerzas militares y policiales para controlar futuras protestas, restablecer el orden público y capturar a quienes causaron disturbios.

Esta determinación se tomó tras una reunión de evaluación que incluyó a autoridades del Ejecutivo, jefes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, en el contexto de una de las jornadas más convulsas que ha vivido el país desde el inicio de las manifestaciones contra el presidente Rodrigo Paz Pereira, quien enfrenta demandas de renuncia por parte de sectores sindicales, campesinos y grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019).

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que se implementarán "duras y estrictas" medidas contra quienes participaron en saqueos, ataques a bienes públicos y privados, agresiones a civiles y enfrentamientos con la Policía en el centro de La Paz, aunque se descartó la posibilidad de recurrir a mecanismos extraordinarios contemplados en la Constitución Política del Estado.

"No hay posibilidad de un estado de excepción. No lo vamos a dictar", reiteró Oviedo, quien atribuyó los episodios de violencia a grupos movilizados provenientes del Chapare, en el departamento central de Cochabamba, bastión político de Morales, según informó Xinhua y fue confirmado por la Agencia Noticias Argentinas.

La movilización del lunes reunió a sectores campesinos, mineros, maestros rurales, trabajadores fabriles, miembros de los conocidos "Ponchos rojos" y otros marchistas afines a Morales, quienes se concentraron en La Paz en un clima de creciente polarización política y deterioro económico.

Las manifestaciones resultaron en incendios de vehículos policiales, daños en oficinas públicas y comercios, así como agresiones a transeúntes y agentes de la policía.

Datos oficiales indican que más de 100 personas fueron detenidas durante los operativos posteriores a los disturbios, y la Policía también reportó arrestos de manifestantes que portaban grandes sumas de dinero en efectivo, en medio de investigaciones sobre el financiamiento de las protestas.

La tensión se extiende a la ciudad vecina de El Alto, a 10 kilómetros de la sede de Gobierno, donde continúan los bloqueos de carreteras en seis de los nueve departamentos bolivianos, con epicentro en La Paz, que ya han comenzado a causar un grave desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.

Mientras sectores empresariales, turísticos y organizaciones cívicas de Santa Cruz (este) presionan al Gobierno para que implemente medidas de control y han incluso solicitado un estado de excepción, el Ejecutivo se muestra reacio a adoptar una respuesta que podría intensificar el conflicto.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Klaus Frerking, exigió la restitución inmediata del libre tránsito en las carreteras, advirtiendo sobre graves daños al aparato productivo y exportador del país.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, justificó la negativa oficial al afirmar que un estado de excepción podría alimentar la narrativa de persecución promovida por los grupos movilizados y agravar la situación de confrontación.

"Responder a la violencia con violencia probablemente agravará el escenario", sostuvo el portavoz en declaraciones a la Red Uno, advirtiendo que la suspensión temporal de algunos derechos constitucionales podría ser utilizada políticamente por sectores opositores al Gobierno.

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, describió a los grupos movilizados como "hordas delincuenciales" y reiteró que los actos de violencia fueron organizados por dirigentes vinculados a la provincia de Chapare, en el departamento de Cochabamba. A pesar del endurecimiento del discurso oficial, el Gobierno ha asegurado que mantendrá abiertos los canales de diálogo.

Bolivia enfrenta una de las coyunturas más delicadas en los seis meses de gestión de Paz Pereira, marcada por protestas simultáneas, bloqueos estratégicos y un creciente pulso político entre el Ejecutivo y los sectores sociales movilizados.