Bancos de Brasil exigirán datos satelitales de deforestación para créditos rurales

SAO PAULO — A partir del miércoles, los bancos en Brasil están obligados a revisar los datos satelitales oficiales relacionados con la deforestación antes de aprobar créditos rurales en el país sudamericano.

Esta nueva regulación requiere que las entidades financieras confirmen si una propiedad se encuentra en un registro del gobierno que identifica áreas con riesgo de deforestación ilegal posterior al 31 de julio de 2019. Dicha base de datos, gestionada por el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, se fundamenta en la información satelital proporcionada por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués).

En caso de que una propiedad esté catalogada como zona protegida, los agricultores tienen la opción de apelar esta designación, presentando pruebas de que la deforestación fue legal. Para ello, pueden aportar documentos de autorización, planes de recuperación para áreas alteradas o un informe técnico de teledetección.

Cuando se aprobó esta resolución en diciembre, el Ministerio de Hacienda subrayó que el objetivo de estos nuevos requisitos es alinear el crédito rural con políticas de conservación y sostenibilidad.

Brasil se posiciona como una potencia agroindustrial a nivel mundial, siendo el mayor exportador de carne de res y el principal productor de soja. Sin embargo, la agricultura es responsable de gran parte de la deforestación en todos los biomas del país, incluida la selva amazónica, que juega un papel vital en la regulación del clima global. Los expertos advierten que la continua pérdida de bosques podría acelerar el calentamiento global.

Esta normativa representa un avance importante hacia la integración de políticas agrícolas, el sistema financiero y la sostenibilidad, según lo afirmado por Paulo Camuri, gerente de inteligencia climática y territorial de Imaflora, una organización sin fines de lucro dedicada al monitoreo de la deforestación.

Camuri agregó que vincular el acceso al crédito con requisitos ambientales promueve una producción más sostenible y refuerza la responsabilidad ambiental dentro de la agricultura industrial. "Es un mecanismo inteligente de incentivos que utiliza el crédito —el principal motor del desarrollo de la agricultura industrial— como palanca para fomentar las buenas prácticas", comentó.

Por su parte, la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) expresó que la medida introduce un nuevo paso de verificación antes de la concesión de créditos rurales, aunque no establece una distinción automática entre deforestación legal e ilegal. "Este escenario puede generar incertidumbre en el proceso de análisis crediticio y aumentar el riesgo de limitar el acceso a financiamiento para productores que cumplen con la legislación ambiental", advirtió el grupo, que ahora respalda una iniciativa legislativa en el Congreso para bloquear estas medidas.

La Federación Brasileña de Bancos mencionó que las instituciones financieras han realizado las adaptaciones necesarias para cumplir con la normativa. "La evaluación general es que la medida fortalece la gobernanza y garantiza la asignación adecuada del crédito rural, basándose en información técnica y de acceso público", indicaron desde el organismo bancario. En caso de recibir un aviso de alerta, los préstamos podrán ser aprobados una vez que los agricultores demuestren su cumplimiento.

"El flujo de otorgamiento de crédito continuará, con los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento socioambiental y la seguridad jurídica", concluyeron.