Aumento silencioso de arrestos migratorios en Florida por parte de agencias locales

MIAMI — A finales de marzo, un agente del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Florida se acercó a una pareja guatemalteca en un parque de Bonita Springs, pidiendo la identificación del esposo. Tras verificarla, el agente ordenó que se dirigieran al estacionamiento, donde arrestó al hombre con un cargo que la esposa consideró falso. "Dijo que estaba poniendo un ticket porque el perro lo había mordido, pero eso no era cierto ya que nunca se bajó del auto", relató la mujer, quien prefirió permanecer en el anonimato por temor a represalias. Después de 40 minutos, agentes del ICE llegaron para llevarse a su esposo.

La política migratoria del expresidente Donald Trump ha encontrado resistencia en ciudades santuario, donde las autoridades locales no colaboran con las deportaciones. Sin embargo, en Florida, donde el gobernador Ron DeSantis ha impulsado la colaboración con el ICE, se ha desatado una ola de arrestos migratorios. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, el 20 de enero de 2025, hasta el 11 de marzo de 2026, se registraron casi 39.000 arrestos, en comparación con 11.088 durante el mismo período bajo el gobierno de Joe Biden.

Los arrestos, en promedio 93 por día, son solo superados por Texas. Este incremento ha sido facilitado por los acuerdos 287(g), que permiten a agencias locales ejercer funciones migratorias. Expertos advierten que las agencias están bajo presión para mostrar resultados. La abogada de inmigración Vilerka Bilbao declaró que muchos agentes están buscando activamente a inmigrantes. "Detienen vehículos por motivos de pretexto y terminan bajo custodia del ICE", explicó.

Un caso representativo ocurrió el 15 de febrero, cuando la policía del condado Lee detuvo a un guatemalteco de 44 años y a su hijo de 21 bajo la premisa de que su placa estaba vencida, aunque en realidad era válida. Ambos fueron deportados una semana después, dejando atrás a su familia. La esposa, quien también es solicitante de asilo, expresó su temor por la seguridad de sus hijos, incluidos dos menores y una hija ciudadana estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuestiona la legalidad de la presencia de ambos en EE.UU., alegando que cruzaron la frontera sin autorización en 2017 y que tenían órdenes de expulsión desde 2019. En otro caso, el DHS indicó que el hombre que paseaba a su perro fue arrestado debido a órdenes finales de deportación.

Las agencias involucradas en estos arrestos han rechazado compartir informes y grabaciones de los incidentes, indicando que el ICE controla esta información. Esto plantea preocupaciones sobre la transparencia y el cumplimiento de la Ley Sunshine de Florida, que establece que los registros son públicos a menos que estén específicamente protegidos. Sin embargo, la legislatura estatal ha implementado exclusiones en los últimos años.

A pesar de que Florida se encuentra a la vanguardia de esta colaboración migratoria, el programa 287(g) ha crecido a nivel nacional, con más de 1.700 acuerdos en 41 estados y territorios. El DHS ha ofrecido incentivos financieros a las agencias locales, incluyendo reembolsos de salarios y fondos para equipos.

Esta situación ha generado un ambiente de incertidumbre y miedo entre la comunidad inmigrante, que se siente cada vez más expuesta a la vigilancia y arrestos por parte de diversas agencias.