Ambientalistas temen que Noboa esté debilitando la reputación ecológica de Ecuador

BOGOTÁ (AP) — Cuando los ecuatorianos votaron hace dos años para bloquear la perforación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, fue un triunfo para los ambientalistas que intentaban proteger uno de los lugares con mayor biodiversidad en la Tierra. Y fue característico de un país que fue el primero en consagrar los “derechos a la naturaleza” en su Constitución y que alberga las Islas Galápagos y partes de la selva amazónica.

Sin embargo, las medidas recientes del presidente Daniel Noboa alarmaron a ambientalistas y líderes indígenas, quienes indicaron que la reputación verde del país —y sus protecciones para la sociedad civil— se estaban desmoronando.

El gobierno de Noboa avanzó para desmantelar el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el cual es independiente. Impulsó un proyecto de ley supuestamente destinado a frenar la minería ilegal, pero los críticos temieron que devastara a las organizaciones sin fines de lucro. La Asamblea Nacional —presionada por Noboa— aprobó una ley el mes pasado que permite a entidades privadas y extranjeras cogestionar zonas de conservación, lo que, según los críticos, debilita las protecciones y amenaza los derechos territoriales indígenas. Y Ecuador acaba de firmar un nuevo acuerdo petrolero con Perú que podría acelerar la perforación en áreas delicadas.

Natalia Greene, activista ambiental de la Global Alliance for the Rights of Nature —una red global que lucha por los derechos de la naturaleza—, indicó que la decisión de Noboa de integrar el ministerio del ambiente en el Ministerio de Energía y Minas aceleraría la minería en un momento en que Ecuador lidiaba con un incremento en la minería ilegal de oro vinculada al crimen organizado. La activista lo comparó con “ponerle al lobo a cargo de las ovejas”.

“Se ve muy claro la intencionalidad del gobierno, que es ser una ametralladora del extractivismo”, expresó.

Noboa defendió los movimientos ministeriales y otros cambios, diciendo que eran necesarios para reducir costos, disminuir la burocracia y abordar la crisis financiera de Ecuador. Las autoridades argumentaron que la consolidación de los ministerios haría que la toma de decisiones fuera más eficiente. Ni el Ministero de Energía y Minas ni la oficina de Noboa respondieron a las preguntas de The Associated Press.

Derechos indígenas en riesgo

En julio, Perú y Ecuador firmaron un acuerdo para que EP Petroecuador —la empresa estatal petrolera del país— venda crudo directamente a Petroperú y vincule sus reservas del sur de la Amazonía al oleoducto Norperuano de Perú, y se prevé que la perforación comience en enero de 2026. Grupos ambientalistas afirmaron que podría acelerar la perforación en áreas delicadas mientras eludía salvaguardas y consultas indígenas.

Las naciones achuar, wampis y chapra de Perú denunciaron el plan en una carta pública, diciendo que socavaría protecciones de larga data que requieren que las comunidades sean consultadas antes de que los proyectos avancen en sus tierras. Advirtieron que el oleoducto promediaba 146 derrames al año, y que expandirlo sería “una grave amenaza para la Amazonía y las formas de vida indígenas”.

Nemo Guiquita, líder waorani de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, denunció: “Nos van a vulnerar todos nuestros derechos para poder ingresar a nuestros territorios y extraer los recursos que ellos necesitan”. Dijo que las comunidades indígenas temían un aumento de proyectos petroleros y mineros en tierras ancestrales, lo que amenazaría los ecosistemas y los medios de sustento. “Va a haber debilitamiento de protección ambiental”, manifestó. “Va a haber mucha deforestación, contaminación de los ríos y destrucción del ecosistema, que es muy vital para nuestra existencia como pueblos indígenas”.

El presidente del grupo ambientalista Acción Ecológica con sede en Quito, Ricardo Buitrón, señaló que los cambios ocurrieron apenas meses después de que los ecuatorianos votaran para mantener el petróleo sin extraer en Yasuní, una decisión que el gobierno aún no aplicó completamente. “Hemos retrocedido décadas”, lamentó. “Se está privilegiando un modelo de desarrollo al que no le importa la protección de los ecosistemas, sino el aprovechamiento al máximo de los recursos naturales”.

Temores de que la ley propuesta perjudique a las organizaciones no gubernamentales

El proyecto de ley que alarmó a las organizaciones sin fines de lucro se llamó formalmente Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales. Pero los activistas la llamaron la ley “anti-ONG”, alegando que podría imponer cargas pesadas a este tipo de organizaciones y obligar a muchas a cerrar.

La medida se aplicó a más de 71.000 organizaciones en todo el país, dándoles seis meses para volver a registrarse ante el gobierno, presentar registros financieros detallados y revelar fuentes extranjeras de financiamiento. El gobierno sostuvo que la ley era necesaria para prevenir el lavado de dinero y la desestabilización política. Los críticos advirtieron que más bien podría acallar a la disidencia al colocar a las organizaciones bajo controles amplios.

Noboa presentó el proyecto de ley a la Asamblea Nacional el 29 de julio, dándoles a los legisladores hasta el 28 de agosto para actuar antes de que se convirtiera automáticamente en ley. “Para nosotros ha sido duro”, expresó Guiquita. “Prácticamente las organizaciones indígenas vivimos mayormente de las donaciones y de las ONGs. El gobierno nos está debilitando de todos los espacios”. “Representa una amenaza porque nos pueden disolver bajo cualquier pretexto”, advirtió Buitrón. “Esto nos recuerda lo que ya vivimos hace una década, cuando intentaron cerrar algunas organizaciones en el país”.

Kevin Koenig de Amazon Watch, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos que aboga por los derechos indígenas y la protección ambiental en la Amazonía, indicó que los cambios en el país forman parte de un retroceso más amplio. “Estamos viendo un paquete generalizado de reformas regresivas que están haciendo retroceder las protecciones ambientales, las garantías de derechos indígenas, y amenazando libertades civiles básicas como la libertad de expresión y reunión”, denunció. “Lo que deja entrever es la expansión masiva del petróleo y la minería, particularmente en la región amazónica”.

Koenig señaló que los cambios envían señales preocupantes antes de la COP30, la cumbre climática de Naciones Unidas que se llevará a cabo en Brasil a finales de este año. Tendencias similares se estaban desarrollando en Perú y El Salvador, donde los gobiernos habían limitado la supervisión ambiental, y en Brasil, en el que se habían debilitado los requisitos para la concesión de licencias para proyectos en la Amazonía.

Grupos de la sociedad civil se habían movilizado contra los cambios. Greene indicó que las organizaciones habían reactivado la Asamblea Nacional Socioambiental, una coalición nacional de movimientos ambientales y sociales, y estaban planeando impugnaciones jurídicas, manifestaciones y exhortaciones a organismos internacionales. Muchos temían que el papel de Ecuador de ser pionero verde global se estuviera desmoronando. “Nuestro único delito aquí ha sido proteger nuestro territorio, proteger nuestras costumbres, proteger nuestro modo de vida”, manifestó Guiquita.

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