Allanamientos en el Congreso de Chile por presunta corrupción en programa de alimentación escolar

SANTIAGO — El pasado jueves, las fuerzas de seguridad en Chile llevaron a cabo varios allanamientos en la sede del Congreso Nacional y en otras instituciones públicas, en el marco de una investigación sobre posibles actos de corrupción vinculados al organismo que gestiona becas y alimentación para estudiantes en todo el país. Se sospecha que varios parlamentarios podrían estar involucrados.

La fiscalía indicó que estas operaciones son parte de una indagatoria sobre delitos graves de corrupción asociados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y sobre supuestas irregularidades en los procesos de licitación. La fiscal Constanza Encina comentó: "Estamos llevando a cabo una diligencia intrusiva bastante relevante para la investigación, que incluye varios delitos como fraude al fisco, sobornos, cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias, entre otros."

Este operativo, que fue coordinado entre la fiscalía y la brigada anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), se realizó simultáneamente en diversas oficinas públicas y privadas en la región Metropolitana, donde se encuentra la capital Santiago, así como en Valparaíso, sede del Congreso. Además, se registraron otras ciudades del norte y sur del país, como Iquique, Copiapó, La Serena y Coyhaique.

Las diligencias incluyeron la incautación de dispositivos electrónicos, como teléfonos y computadoras, y el acceso a correos electrónicos para su análisis.

La investigación se centra en posibles irregularidades en la adjudicación de licitaciones millonarias para la alimentación de miles de estudiantes, administradas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), que opera bajo el Ministerio de Educación. Según la fiscal, las irregularidades detectadas inicialmente se habrían registrado principalmente en la región de O’Higgins, aunque se cree que podrían haberse presentado en otras partes del país.

Encina señaló que se logró incautar todos los materiales necesarios para avanzar en la investigación, que se desarrolla bajo carácter reservado. El siguiente paso será analizar el material recolectado para determinar si se presentará una denuncia formal ante los tribunales. "Logramos obtener todos los medios que necesitábamos", afirmó.

El jefe de la brigada de delitos económicos de la PDI, David Castro, informó que más de 80 efectivos fueron desplegados a nivel nacional, logrando incautar dispositivos móviles y documentos relevantes. La investigación comenzó tras una denuncia hecha por la misma Junaeb en mayo, donde su director nacional, Fernando Peña, alertó sobre "hechos graves" en los procesos de licitación, que podrían implicar fraude al fisco y conflictos de interés.

"Somos los más interesados en que esto se aclare y que la investigación avance", sostuvo Peña durante una rueda de prensa, al comentar sobre los allanamientos realizados.