Activistas se oponen a demanda que busca excluir a no ciudadanos del censo en EE.UU.

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han presentado una moción para desestimar una demanda promovida por republicanos, que busca prohibir a la Oficina del Censo de Estados Unidos incluir a individuos que se encuentren en el país sin autorización legal durante el conteo de población de 2030.

Los activistas sostienen que esta demanda, presentada el mes pasado por la fiscal general de Missouri, Catherine Hanaway, infringe la ley y requeriría un nuevo conteo de la población de Estados Unidos de 2020, lo que implicaría un gasto de miles de millones de dólares.

"La solicitud ilegal distorsionaría la representación de millones de estadounidenses y sacudiría los cimientos de nuestra democracia representativa", enfatiza la moción presentada por los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes cuentan con el respaldo legal de varias ramas de la Fundación ACLU.

Esta demanda representa el más reciente intento por parte de los republicanos de excluir a las personas sin autorización legal y a otros extranjeros de los resultados del censo. Los datos obtenidos son fundamentales para la asignación de fondos federales y determinan el número de escaños en el Congreso, así como los votos del Colegio Electoral que recibe cada estado, un proceso conocido como distribución.

La demanda de Missouri solicita que se realice nuevamente el proceso de distribución utilizando las cifras del censo de 2020, excluyendo a aquellos que se encuentran sin permiso legal en el país. Asimismo, pide que el proceso posterior al censo de 2030 se ejecute de la misma forma.

Otros cuatro fiscales generales de estados republicanos han presentado una demanda similar que está en curso en un tribunal federal de Luisiana. Además, legisladores republicanos en el Congreso han propuesto una medida que busca alcanzar el mismo objetivo.

Un experto en redistribución de distritos del Partido Republicano había señalado que limitar el conteo a la población en edad de votar, en lugar de la población total, podría favorecer a los republicanos y a los blancos no hispanos.

La 14ª Enmienda de la Constitución establece que se debe contar al "número total de personas que haya en cada estado" para fines de distribución. La Oficina del Censo ha interpretado esta frase como aplicable a cualquier persona que resida en Estados Unidos, independientemente de su estatus legal.

La demanda surge en un contexto donde el expresidente Donald Trump ha instado a los estados con gobiernos republicanos a rediseñar sus distritos legislativos de manera que beneficien al Partido Republicano antes de las elecciones de mitad de período de este año. En agosto, Trump ordenó al Departamento de Comercio que la Oficina del Censo comenzara a trabajar en un nuevo censo que excluyera a los inmigrantes sin autorización legal.

Recientemente, un panel de tres jueces en Tampa desestimó otra demanda contra la Oficina del Censo, que fue presentada por grupos republicanos en relación con los métodos estadísticos utilizados durante el censo de 2020.

Durante una audiencia en la Comisión de Asignaciones del Senado, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, reconoció que la ciudadanía no es un factor en el proceso de distribución según la Constitución. Al ser preguntado sobre si se incluiría una pregunta sobre la ciudadanía, Lutnick indicó que la agencia aún no ha decidido qué preguntas aparecerán en el formulario del censo de 2030.

"Cuál es el cuestionario, no lo sé, y no hemos decidido", concluyó Lutnick.