Repasando la historia y siempre lo mismo

Buen día a todos. Esta semana, la Justicia argentina estuvo en el centro de la atención internacional, gracias al escándalo de la jueza Makintach en la causa por la muerte de Maradona. Al mismo tiempo, el Senado comenzó a debatir cambios en la Corte Suprema. A simple vista, parecen dos hechos aislados, pero ambos son aristas de un mismo problema: la crisis en la Justicia argentina.

Después del traspié en el intento de designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte, se reaviva el debate sobre la composición del máximo tribunal. La falta de acuerdo en las modificaciones que se buscan realizar en la estructura de la Corte es evidente, y se estima que la discusión se definirá después de las elecciones de octubre. Entre los proyectos en discusión, hay tres ejes principales: la ampliación del número de miembros de la Corte, la paridad de género y la distribución de los magistrados en cinco regiones federales, limitando a dos representantes por cada una.

Actualmente, la Corte está compuesta por tres jueces: Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz. La disputa por la composición del máximo tribunal se remonta a los orígenes de nuestra democracia. Recordemos que Justo José de Urquiza, primer presidente constitucional del país, designó en 1854 a los primeros miembros de la Corte, aunque no llegaron a asumir. Con la nueva constitución de 1860 y Buenos Aires integrada a la Confederación, fue Mitre quien eligió a los cortesanos, fijando en cinco el número de integrantes. Los primeros ministros propuestos no eran amigos del partido nacional que lideraba Mitre, lo que ya daba cuenta de la complejidad política de la época.

El golpe de 1930 impactó en la Corte, al igual que en otras instituciones. En 1947, con el peronismo en el poder, se removieron por juicio político a cuatro miembros del tribunal y al procurador general, acusados de haber legitimado dictaduras. Es importante señalar que, aunque esto ocurrió durante el peronismo, Juan Domingo Perón había sido golpista en 1930 y 1943.

En 1960, Arturo Frondizi sancionó una ley que aumentó a siete el número de integrantes de la Corte. Tras el golpe de Ilia, el general Onganía disolvió la Corte y designó a cinco integrantes. Con la vuelta a la democracia en 1983, Alfonsín designó una nueva Corte, ya que los cinco miembros anteriores habían renunciado. Sin embargo, Carlos Menem cuestionó la composición de la Corte, considerándola muy alfonsinista, e impulsó un proyecto para aumentar el número de miembros a nueve, lo que dio lugar a una Corte más alineada con su gobierno.

A lo largo de los años, la composición de la Corte ha cambiado, pero la vocación del poder político de tenerla bajo control persiste. En 2003, Kirchner impulsó el juicio político contra varios miembros de la Corte, lo que llevó a la designación de nuevos jueces. En 2006, una ley promovida por Cristina Kirchner fijó nuevamente en cinco el número de integrantes de la Corte. Años después, el kirchnerismo intentó que los representantes del Consejo de la Magistratura fueran elegidos por voto popular, pero la Corte lo bloqueó.

Los gobiernos han pasado y los cruces con la Corte Suprema continúan. Macri intentó cubrir vacantes en la Corte con destacados juristas, pero mediante un mecanismo polémico. Con Alberto Fernández, las tensiones no cesaron, y se propuso un consejo consultivo para analizar la conformación de la Corte, denominado Comisión Beraldi, en un claro intento de influir en su composición.

Hoy, con la llegada de Milei, se intenta incluir a un juez cuestionado y a García-Mansilla como una opción más proba. Más allá de los vaivenes políticos, la composición de la Corte es un debate pendiente y crucial. Es fundamental dotar al tribunal de más jueces especialistas en cada área del derecho y asegurar una mayor representatividad.

Sin instituciones fuertes, un país no puede crecer. En un acto reciente de la Cámara Argentino-Estadounidense, se mencionó que la economía parece adoptar un rumbo más acorde con los países occidentales, pero sin instituciones, un país.