El Gobierno, ante la prueba del Congreso y de la calle

El próximo jueves 15 de octubre puede ofrecernos una imagen bastante precisa del presente argentino: una oposición que busca reunir votos dentro del Congreso y una movilización universitaria que procura hacerse escuchar en las calles. Para Javier Milei, ambas escenas plantean un desafío que excede la administración de una protesta o una sesión parlamentaria. Su Gobierno necesita transformar la estabilización económica en una mejora suficientemente extendida y, al mismo tiempo, construir acuerdos que les den continuidad a sus reformas. Porque gobernar no es solamente imponer un rumbo: también es conseguir que ese rumbo pueda sostenerse política y socialmente.

La controversia por la Ley de Tierras agregó tensión a este escenario. La Corte Suprema intervino en dos expedientes vinculados con la derogación de esa norma mediante el DNU 70/2023. En una primera decisión, del 29 de septiembre, rechazó por falta de legitimación una demanda del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, sin resolver la constitucionalidad de la derogación. Luego, el 9 de octubre, en otro expediente, suspendió provisionalmente los efectos del artículo que había derogado la ley hasta que el juez competente examine la legitimación de los demandantes y el pedido cautelar. Para mí, esta distinción es fundamental: las decisiones judiciales no resuelven de manera definitiva la discusión de fondo, pero sí condicionan el escenario en el que se desarrolla la disputa política.

La oposición intenta trasladar esa disputa al recinto. La sesión especial convocada para el jueves incluye el rechazo del DNU 70/2023, una iniciativa sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad. La primera prueba será reunir los 129 diputados necesarios para abrir el debate. El Senado ya rechazó el decreto en 2024, de modo que una decisión equivalente de la Cámara de Diputados podría afectar al conjunto de esa norma, cuyo alcance supera ampliamente la cuestión de las tierras. La suspensión judicial de una parte de sus efectos puede modificar los incentivos de algunos legisladores, pero no elimina el conflicto político. Los bloques opositores deberán demostrar que pueden convertir reclamos diferentes en una mayoría concreta.

El oficialismo, por su parte, necesita negociar sobre demandas que tienen fundamentos propios y reconocer que su capacidad de respuesta depende también de cómo procesa sus diferencias internas. En ese contexto adquiere significado la fotografía del desayuno de trabajo entre Milei y Patricia Bullrich en Olivos, difundida después de los recientes desmarques públicos de la senadora. Yo interpreto esa imagen como una señal de cohesión frente a una semana de presión parlamentaria y movilización callejera. El Presidente necesita preservar la unidad de su espacio, mientras Bullrich procura sostener su respaldo al Gobierno sin renunciar a una voz propia. La fotografía puede descomprimir tensiones, pero una imagen de cercanía no equivale necesariamente a una estrategia compartida.

Y acá hay una cuestión que considero central. Escuchar los reparos de una aliada con peso electoral puede ayudar a Milei a reconocer dificultades de gestión que no siempre aparecen en los informes económicos o en las reuniones de gabinete. Pero Bullrich también tiene una responsabilidad: transformar sus observaciones en decisiones concretas y no limitarse a marcar diferencias públicamente. La capacidad de negociar hacia afuera se construye, en buena medida, con el diálogo hacia adentro. Si el Gobierno pretende sostener sus reformas durante los próximos años, necesita algo más que disciplina política: necesita mecanismos para procesar desacuerdos sin convertir cada diferencia en una crisis.

La quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el mismo jueves, amplía esa exigencia. El Consejo Interuniversitario Nacional, las organizaciones sindicales y la Federación Universitaria Argentina reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, respuestas salariales y recursos adecuados en el Presupuesto 2027. La coincidencia con la sesión parlamentaria le dará mayor visibilidad a una disputa que combina decisiones fiscales con expectativas de futuro. No estamos hablando solamente de una discusión presupuestaria entre el Gobierno y las universidades. Estamos hablando de familias que consideran que la educación pública es una herramienta de movilidad social, de estudiantes que buscan formarse y de investigadores que necesitan condiciones para desarrollar su trabajo.

El Gobierno tiene derecho a exigir transparencia, eficiencia y una utilización responsable de los recursos públicos. Pero también tiene la obligación de explicar cómo garantizará la formación profesional y la investigación que necesita el desarrollo económico que propone. La oposición, a su vez, deberá precisar sus prioridades y explicar cómo financiaría las soluciones que reclama. No alcanza con defender una institución ni con denunciar un recorte: hay que discutir qué universidad necesita la Argentina, cómo se financia y qué resultados espera de ella. El problema aparece cuando el debate queda atrapado entre consignas contrapuestas y nadie logra construir un acuerdo que permita sostener la calidad educativa sin desconocer las restricciones fiscales.

La economía ofrece razones adicionales para esta discusión. En agosto, la industria cayó un 3,2% interanual y la construcción retrocedió un 4,4%, aunque ambas actividades mejoraron respecto de julio en términos desestacionalizados. La inflación mensual fue del 1,9% en agosto y el mercado esperaba conocer durante octubre el dato correspondiente a septiembre. La estabilización muestra avances, pero convive con dificultades productivas que todavía afectan al empleo y al consumo. El propio ministro Luis Caputo reconoció que el crecimiento sería más lento de lo esperado, mientras los cuestionamientos sobre el tipo de cambio, la competitividad y la inversión exigen respuestas más precisas. Porque ordenar las cuentas públicas es importante, pero también lo es crear las condiciones para que producir y contratar trabajadores vuelva a ser una decisión viable.

Y la Argentina no está fuera del mundo. Parece una obviedad, pero a veces la discusión local nos lleva a olvidar que las decisiones internacionales afectan directamente nuestras posibilidades de crecimiento. Brasil celebrará el 25 de octubre su balotaje presidencial entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro, mientras Estados Unidos tendrá elecciones de medio término el 3 de noviembre. Esos procesos pueden modificar el clima político y económico de nuestros principales socios y generar nuevas incertidumbres. Por eso considero que la política exterior argentina debe preservar sus intereses comerciales y financieros más allá de las afinidades ideológicas entre los mandatarios. Un país necesita relaciones estables, previsibilidad y capacidad de adaptación, no solamente fotografías diplomáticas.

Esta semana, entonces, medirá votos, capacidad de movilización y disposición a negociar. La fotografía de Olivos entre Milei y Bullrich anticipó una voluntad de acercamiento dentro del oficialismo, pero el Congreso, la calle y la economía pondrán a prueba su alcance. El Gobierno deberá demostrar que puede sostener su programa sin ignorar los reclamos sociales; la oposición tendrá que probar que es capaz de construir mayorías y no solamente reunir rechazos; y las universidades necesitarán que la discusión sobre sus recursos se traduzca en respuestas concretas. Yo creo que la verdadera fortaleza política no consiste en evitar los conflictos, sino en tener la capacidad de procesarlos y convertirlos en soluciones. La pregunta que queda abierta es qué acuerdos pueden transformar el esfuerzo presente en una expectativa de progreso que sobreviva a la próxima elección. Porque, al final, la sociedad no espera solamente que la política gane sus batallas: espera que esas batallas sirvan para mejorar su vida.