¿Por qué el Gobierno interviene en el mercado de cambios?

El anuncio del Gobierno nacional de intervenir en el mercado cambiario, utilizando dólares propios acumulados por el Tesoro Nacional, generó un intenso debate y ruido. 

Con reservas que, según estimaciones, oscilan entre negativas y apenas neutras, el Gobierno dispone de un "poder de fuego" limitado, posiblemente cercano a los 25 mil millones de dólares, para intentar estabilizar un mercado sacudido por la volatilidad. ¿Cuál es el trasfondo de esta decisión y qué costo puede implicar para la economía real?

La intervención, según la interpretación oficial, busca contrarrestar lo que muchos analistas consideran un "trade electoral": una especulación cambiaria impulsada por la incertidumbre política en un contexto preelectoral. El Gobierno, consciente de que el Banco Central está restringido por el acuerdo con el FMI para no intervenir directamente, optó por usar los dólares acumulados por el Tesoro –alrededor de 1.300 millones, según datos recientes– para vender en el mercado y frenar la escalada del dólar. Sin embargo, esta estrategia no está exenta de contradicciones.

Por un lado, vender dólares implica absorber pesos del sistema, lo que reduce la masa monetaria en circulación. Esta contracción puede ayudar a estabilizar el tipo de cambio y aliviar la presión inflacionaria, un objetivo clave en un país donde la inflación sigue siendo una preocupación central. 

Pero la contracara es clara: menos pesos en la calle significa menos consumo, lo que puede agudizar la recesión que ya se siente en la economía real. Comercios, industrias y consumidores enfrentan un escenario donde la falta de liquidez paraliza las ventas, especialmente en bienes duraderos o compras en cuotas, que requieren confianza en la estabilidad de los ingresos futuros.

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El Gobierno parece estar atrapado en una disyuntiva clásica: inflación o recesión. La decisión de intervenir podría ser una medida de corto plazo, pensada para calmar los mercados hasta octubre, cuando el resultado electoral podría consolidar o desafiar el rumbo económico. Si la sociedad "convalida" el esfuerzo fiscal y monetario –que incluye un superávit fiscal, la no emisión de pesos para financiar el déficit y la reestructuración de los pasivos del Banco Central–, el Gobierno espera que la estabilidad cambiaria permita bajar las tasas de interés y el riesgo país, reactivando el flujo de capitales. 

Sin embargo, si la intervención se prolonga, el riesgo es caer en un círculo vicioso: la absorción de pesos puede secar aún más la plaza, y la tentación de reinyectarlos al mercado para estimular la economía podría derivar en un dólar artificialmente controlado, un escenario que recuerda políticas del pasado reciente que el Gobierno busca evitar.

La intervención también tuvo un componente adicional: la venta de unos 370 millones de dólares a la provincia de Buenos Aires para cubrir vencimientos de deuda, lo que refleja las presiones fiscales de las provincias en un contexto de recursos escasos. Esto pone en evidencia otro desafío: la coordinación entre las necesidades nacionales y subnacionales, en un momento donde la inestabilidad política amplifica la percepción de riesgo.

En definitiva, la intervención cambiaria es una apuesta arriesgada. Puede lograr estabilidad temporal, pero a costa de una economía que ya muestra signos de parálisis. La clave estará en su duración y en la capacidad del gobierno para transmitir confianza sin recurrir a medidas que, en el afán de controlar el dólar, terminen alimentando la inflación o profundizando la recesión.