¡Zas!: ¿La reforma K larga con un impuesto nuevo?

En momentos en que la discusión pública parece girar —al menos en el discurso— alrededor de cómo bajar los impuestos, una propuesta inesperada sacudió el tablero económico y político. Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía durante la gestión de Axel Kicillof, lanzó una idea que reabrió el debate sobre el uso del dinero en efectivo y las estrategias para “blanquear” la economía: crear un impuesto al uso del efectivo.

El planteo fue tan gráfico como polémico: si una persona retira $10.000 del cajero, recibiría $9.000. El resto, un 10%, se destinaría a este nuevo gravamen. Según explicó Álvarez Agis, el objetivo no sería meramente recaudatorio sino incentivar el uso de medios de pago electrónicos y desalentar el efectivo, que sigue siendo el gran refugio de la informalidad. 

En paralelo, propuso eliminar el impuesto al cheque —una figura que la mayoría de los economistas considera distorsiva— y avanzar hacia un régimen simplificado para pequeñas empresas, una suerte de “monotributo pyme”.

La reacción política no se hizo esperar. El presidente Javier Milei calificó al exfuncionario como “un kirchnerista igual a choro” y rechazó de plano la idea. Según Milei, se trata de “otra forma de apropiarse del dinero de la gente” en lugar de ajustar el gasto público. Pero más allá de la polémica y de lo improbable que resulte su aplicación, la propuesta de Álvarez Agis encierra algo más profundo: marca un giro dentro del propio peronismo, que empieza —aunque tímidamente— a formular ideas dentro del marco de la realidad económica actual.

Álvarez Agis no solo defendió su propuesta, también criticó con dureza la falta de autocrítica de su espacio político. Señaló que el peronismo no tuvo propuestas claras en las últimas elecciones y cuestionó a Cristina Fernández de Kirchner por “no dar en el clavo” de lo que plantea. Además, elogió al gobierno de Milei por haber puesto la inflación en el centro de la agenda y reconoció que logró reducir a la mitad los planes sociales "sin que haya habido un estallido social".

Puede parecer paradójico, pero en el fondo, este episodio es una pequeña victoria para Milei. No porque alguien proponga un nuevo impuesto —algo que el Presidente rechaza visceralmente—, sino porque el debate se está dando dentro de un marco racional. Ya no se habla de imprimir dinero para sostener el gasto, ni de desconocer la deuda externa, ni de patear la mesa del sistema económico. Se discute sobre mecanismos, incentivos y realidades fiscales.

En ese sentido, la discusión abierta por Álvarez Agis —más allá de su contenido— es una buena noticia. Implica que incluso desde la oposición comienza a asomar una mirada más pragmática sobre los problemas estructurales del país. Y aunque resulte difícil imaginar un consenso inmediato, el simple hecho de debatir cómo modernizar el sistema impositivo sin caer en los viejos reflejos de negar la realidad, ya es un avance.

Porque si la Argentina quiere salir del laberinto, no basta con indignarse por un impuesto nuevo o festejar su eliminación. Lo que hace falta, antes que nada, es discutir en serio cómo se construye un Estado que funcione, sin que el bolsillo del ciudadano sea siempre la variable de ajuste.