Una nueva: el narco también es culpa de la morosidad

La política argentina tiene una capacidad inagotable para encontrar culpables externos, indirectos o convenientes. Esta vez, el nuevo argumento es que la violencia narco también sería consecuencia de la morosidad de las familias, de las tasas altas, del endeudamiento y, por extensión, del programa económico del Gobierno nacional.

La explicación la puso sobre la mesa Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, en medio de la discusión política por los operativos de saturación realizados en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia. Según el funcionario de Axel Kicillof, en menos de cuatro meses se duplicaron los hechos violentos con heridos de arma de fuego, homicidios o intentos de homicidio vinculados con deudas por préstamos informales. También sostuvo que, en Fuerte Apache, esa conflictividad derivó en una disputa entre bandas por el negocio de los préstamos.

La hipótesis no es absurda en sí misma. En contextos de crisis, es perfectamente posible que crezca la dependencia de familias vulnerables respecto de prestamistas informales. Y también es verosímil que el dinero del narcotráfico circule en ese tipo de negocios oscuros, violentos y sin regulación. Donde hay deuda, informalidad, miedo y armas, hay terreno fértil para la extorsión.

El problema empieza cuando esa explicación parcial se convierte en coartada política general. Porque una cosa es advertir que el deterioro económico puede agravar determinados fenómenos delictivos, y otra muy distinta es sugerir que la expansión de la violencia narco se explica, casi linealmente, por la política económica actual.

El narcotráfico no nació con la suba de tasas. No apareció con la morosidad de las billeteras virtuales. No desembarcó en los barrios populares durante el último año. La Argentina lleva décadas de expansión del crimen organizado, del menudeo, de las economías ilegales y de la captura territorial en zonas donde el Estado muchas veces llega tarde, mal o no llega. Durante buena parte de ese proceso no hubo un programa de ajuste como el actual, sino modelos expansivos, emisión, crédito barato en términos reales y políticas de ingresos que tampoco impidieron el avance narco.

Ahí está la trampa del argumento: tomar una parte verdadera del problema para convertirla en explicación total. Sí, puede haber más endeudamiento informal. Sí, puede haber más violencia asociada a préstamos usurarios. Sí, los narcos pueden haber encontrado allí una nueva oportunidad de negocio. Pero eso no responde la pregunta de fondo: ¿por qué esas bandas tienen capacidad territorial, armas, redes de cobro, poder de intimidación y margen para disputar mercados a los tiros?

La inseguridad no se resuelve con consignas económicas ni con lecturas electorales. Tampoco con operativos que sirven más para la foto que para una política sostenida. Pero menos aún se resuelve si cada fuerza política utiliza el delito como excusa para confirmar lo que ya pensaba antes de mirar los datos.

Si el Gobierno nacional carga con los costos sociales de su programa económico, la oposición también tiene una obligación: explicar qué haría distinto sin volver a las recetas que alimentaron la inflación durante años. Porque es fácil denunciar los síntomas del ajuste. Lo difícil es decir cómo se baja la inflación, se recupera la actividad, se ordenan las cuentas públicas y se fortalece el Estado sin volver a emitir como si no hubiera consecuencias.

Ese es el punto que el kirchnerismo evita. Critica la caída del consumo, la pérdida de ingresos, el endeudamiento y la tensión social, pero rara vez explica cómo sostendría una política antiinflacionaria sin provocar otros daños. El problema no es señalar los efectos negativos de un programa económico; el problema es hacerlo sin asumir ninguna responsabilidad por el país que se dejó y sin presentar una alternativa consistente.

Ahora también el narco entra en esa lógica. Ya no se trata sólo de discutir seguridad, inteligencia criminal, presencia policial, justicia, cárceles, fronteras, lavado de dinero o control territorial. También se lo incorpora a la campaña contra el ajuste. Como si la violencia criminal pudiera reducirse a una derivación de la morosidad.

La explicación puede tener una parte de verdad. Pero una parte de verdad no alcanza para construir una política pública seria. Sirve, en todo caso, para pegarle al adversario. Cuando el análisis de la inseguridad se transforma en un recurso de campaña, las víctimas quedan en segundo plano y los delincuentes encuentran, una vez más, el hueco perfecto entre las excusas de unos y la improvisación de otros.

La pregunta incómoda sigue siendo la misma: si el problema es tan grave, ¿Cuál es el plan? No sólo para denunciar la morosidad, no sólo para responsabilizar al ajuste, no sólo para marcar los síntomas. El plan para impedir que los narcos presten plata, cobren deudas, manejen barrios, disputen negocios y maten.

Porque, de lo contrario, la discusión termina siendo apenas una nueva versión del viejo reflejo argentino: la culpa siempre es de otro. Ahora, incluso, la culpa del narco también sería de la morosidad.