Traigan los piquetes que este diciembre está muy tranquilo

Hay algo que no cierra. O, mejor dicho, hay algo que cierra demasiado bien como para ser casual. Ayer, casi sin previo aviso y cuando el año ya se apaga, el juez federal Martín Cormick decidió declarar nulo el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. El mismo protocolo que rige desde diciembre de 2023, apenas asumido el gobierno, y que durante dos años fue aplicado, discutido, criticado, defendido y —sobre todo— aceptado por una mayoría social que estaba harta del descontrol en las calles.

El argumento formal del fallo es conocido: que el Poder Ejecutivo "legisló" a través de una resolución, que cuestiones como la flagrancia, las tareas de inteligencia o el trato a grupos vulnerables deberían ser materia del Congreso. Un razonamiento que, leído con detenimiento, suena endeble. Porque no existe —ni existió en estos dos años— un conflicto real entre poderes. El Congreso nunca objetó el protocolo. No hubo proyectos para derogarlo, modificarlo ni limitarlo. Nadie levantó la mano para decir “acá el Ejecutivo se pasó de la raya”.

En política, el silencio también es una forma de consentimiento. Y en este caso, el silencio legislativo fue estruendoso.

Sin embargo, al juez eso no le importó. Avanzó solo, sin controversia institucional que resolver, con una causa presentada por el CELS el 26 de diciembre de 2023 —quince días después de la asunción de Javier Milei— y resuelta recién ahora, el 29 de diciembre de 2025. Dos años después. Justo ahora.

¿Por qué ahora?

Durante este tiempo, el protocolo tuvo excesos, sí. Hubo policías procesados, como también los hubo antes, cuando no existía ningún protocolo. Pero el dato central es otro: los piquetes violentos prácticamente desaparecieron. No hubo ciudades tomadas durante semanas, no hubo extorsión sistemática al que quería trabajar, no hubo vidrieras rotas como método de presión política. Y ese orden básico en el espacio público contó con un amplio consenso social, incluso más allá del electorado del gobierno.

/Inicio Código Embebido/

Pero diciembre llegó tranquilo. Demasiado tranquilo para quienes apostaban al caos. Septiembre había sido caliente, el dólar amagó con desbordarse, el oficialismo perdió elecciones, muchos se relamían esperando un diciembre incendiado. Y nada pasó.

Entonces, otra vez: ¿por qué ahora?

Mientras el juez firmaba su fallo, el gobernador Axel Kicillof se reunía con la CGT, y luego con las dos CTA. ¿El mensaje? Hay que enfrentar la reforma laboral. ¿Cómo? Retomando "el control de las calles". Febrero aparece como el mes clave. Y justo ahora, con enero de feria judicial por delante, se cae el principal marco que ordenaba la protesta.

El Gobierno ya anunció que apelará. Pero el daño simbólico está hecho. El mensaje es claro: las calles vuelven a ser un territorio en disputa. Y no por una discusión jurídica genuina, sino por una decisión política disfrazada de fallo técnico.

No es un dato menor el recorrido del magistrado Cormick: una larga trayectoria vinculada al kirchnerismo, cargos otorgados por distintos gobiernos de ese signo y una lista de fallos recientes contrarios a la actual administración. Nada ilegal en eso, por supuesto. Pero sí revelador del contexto.

Y hay un detalle más que pinta el cuadro completo. Cuando este mismo juez fue interventor de la Inspección General de Justicia, Cormick nunca se preocupó demasiado por los controles sobre la AFA. Hoy, de repente, aparecen los cuestionamientos por años de desmanejos. ¿Por qué ahora? Porque cambió el gobierno. Antes, se miraba para otro lado.

Todo parece indicar que no estamos ante una discusión sobre derechos, ni sobre la división de poderes. Estamos ante el calentamiento previo de motores. El anticipo de un verano políticamente calmo y de un febrero que promete ruido, calles cortadas y conflicto social.

Por eso el título no es una exageración. Es casi un pedido irónico: traigan los piquetes. Porque para algunos, un diciembre tranquilo siempre es un problema.

/Inicio Código Embebido/

-